Rechazan otro intento para evitar la exhumación de Franco

El Tribunal Supremo que ha avalado la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, previsto para mañana, rechazó ayer otro intento de la familia del dictador de anular la providencia por la que este órgano facultó la entrada del Gobierno en la basílica para acometer los trabajos de retirada de los restos. Los familiares impugnaron al considerar que vulnera la inviolabilidad de la basílica ante la negativa del prior administrador a autorizar la entrada en ella para llevar a efecto los acuerdos del Consejo de Ministros en su día recurridos.

Por otra parte, el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia de San Lorenzo de El Escorial por el “acceso inconsentido de la Guardia Civil a la abadía” y por “impedir el acceso de los monjes a la basílica”. En el escrito, el prior denuncia ante el juez que desde el pasado 11 de octubre y hasta la fecha, agentes de la Guardia Civil “armados” tanto uniformados como de paisano han entrado en la basílica y han impedido el acceso de fieles a actos de culto.

El prior del Valle de los Caídos denuncia ante el juez el “acceso inconsentido de la Guardia Civil”

Por otra parte, el Gobierno instalará un escáner y un detector de metales para que nadie pueda grabar imágenes o sonido en los actos de exhumación. De esta forma, los 22 familiares de Franco (nietos, cónyuges y bisnietos, entre ellos Luis Alfonso de Borbón) que han confirmado que estarán presentes en los actos, así como las autoridades y operarios que participarán en la operación habrán de pasar por un detector de metales y sus pertenencias por el escáner.

No autorizan una concentración en Mingorrubio La Delegación del Gobierno en Madrid no ha autorizado la concentración convocada por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces frente al cementerio de Mingorrubio para mañana, justo el mismo día en el que se trasladarán allí los restos mortales del dictador Francisco Franco.Se acordó no permitir dicha concentración ante el “riesgo” de que puedan producirse “desórdenes públicos”. Por otra parte, la losa de 1.500 kilos que cubre la tumba será trasladada a un lugar que el Gobierno no ha querido determinar.