JUSTICIA MEMORIA HISTÓRICA
Más de cien peticiones para anular juicios
La Generalitat tramita estas solicitudes desde las comarcas de Lleida desde que se aprobó la suspensión de los procesos durante la dictadura|| La mayoría de los trámites se piden por internet
Imagen de archivo de la sesión del Parlament que aprobó en 2017 la anulación de los juicios franquistas.
El departamento de Justicia ya ha recibido más de un centenar de solicitudes desde las comarcas de Lleida para anular juicios por causas políticas durante la dictadura. Según los últimos datos de la consellerida, en la sede de Justicia en Lleida se han presentado un total de 102 peticiones para iniciar este trámite de reparación para las víctimas del franquismo, aunque la mayoría de los documentos se tramitan por internet, por lo que el número de solicitudes puede ser mucho mayor. Desde 2017, año en el que la Generalitat decretó nulos los juicios conocidos como “sumarísismo”, tras la aprobación del Parlament, en toda Catalunya el departamento de Justicia ha recibido un total de 3.661 peticiones de nulidad. Según la conselleria, el 67,3% de los solicitantes piden entregar el documento que acredita esta anulación por correo electrónico.
Los juicios “sumarísimos” empezaron en Catalunya a partir de abril de 1938 y continuaron hasta finales de 1978. Entre los primeros documentos entregados en Lleida figuran los de Arturo Gené y Emilio Solans, vecinos de Vilanova de la Barca y Corbins. El primero de ellos fue condenado a 20 años de prisión, conmutados por seis años y un día. En el segundo, Emilio Solans fue sentenciado a cadena perpetua, pena que se redujo a 15 años.
El Parlament aprobó en 2017 la ley que anula los juicios del franquismo desde 1938 a 1978
Según un informe del Arxiu Nacional de Catalunya, cerca de 11.000 leridanos fueron sometidos a juicios políticos durante la dictadura, de los que 400 acabaron ejecutados. En Catalunya, este listado incluye a un total de 66.560 personas.
El pasado mes de febrero, la vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo, anunció que el Ejecutivo presentará una reforma de la ley de memoria histórica para anular las sentencias de los tribunales franquistas, entre ellas la del president de la Generalitat Lluís Companys. Si la reforma sale adelante, se podrán considerar ilegítimas y anular las sentencias como la que ordenó el fusilamiento del presidente de la Generalitat Lluís Companys. Esta anulación era una reclamación del Govern.
La Generalitat defiende esta medida de reparación histórica para todas las víctimas de la dictadura y el franquismo como una forma de “compensar” y “reconocer” a los represaliados.
