La cárcel de Lleida se blinda

Una persona que está encarcelada vive, en cierto modo, confinada de forma permanente. Sus días en prisión pasan entre la celda y los muros de la cárcel. Esta última semana, con la crisis por la pandemia del coronavirus y las medidas aplicadas con el estado de alarma, el confinamiento ha pasado a ser doble. El objetivo de la administración es blindarse para evitar los contagios por el Covid-19 dentro la prisión, tanto para los internos como para los funcionarios. Es el caso del Centre Penitenciari Ponent, que en estos momentos cuenta con 657 internos, según los datos del departamento de Justicia a 18 de marzo.

La secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima aplicó una batería de medidas para evitar contagios en las cárceles, como la suspensión de las salidas programadas y los terceros grados, el aislamiento de los nuevos ingresos durante los 14 días de la cuarentena, el aplazamiento de los vis a vis, la suspensión de las comunicaciones por locutorio, el aplazamiento los permisos y la suspensión de la entrada de voluntarios en los centros. Los reclusos solo pueden comunicarse con sus familiares por teléfono. Pueden hacer 20 llamadas por semana.

El Centre Penitenciari Ponent cuenta actualmente con 657 personas privadas de libertad

Esta situación ha provocado un aumento de la tensión en las cárceles, ya que la mayoría de reclusos no aceptan estas nuevas condiciones, según explican desde el sindicato CSIF. Por su parte, Xavier Martínez, de UGT-Presons, dice que “hay más conflictos porque reivindican tener el mismo contacto con el exterior”. Los sindicatos critican la gestión del departamento. Consideran que se ha actuado tarde y mal. Reclaman más efectivos y que se haga otro tipo de rotaciones entre el personal. “En Catalunya, en los últimos días hay 120 trabajadores que han cogido la baja”, explica Martínez. En Ponent, no constan por el momento contagios. El departamento de Salud informó el jueves que solo había una persona infectada. Después trascendió que era Rosa Peral, que estaba siendo juzgada por el conocido como ‘Crimen de la Guardia Urbana de Barcelona’ y está en Wad-Ras. Justicia informó que había 118 reclusos en aislamiento preventivo por posibles casos, ya sea porque muestran síntomas compatibles o porque estuvieron en contacto con algún positivo. En cuanto a los profesionales, informaron de un positivo y 39 sospechas.

Por otra parte, los funcionarios reclaman mascarillas. El Csif denuncia la “inacción” y dice que “los funcionarios advierten que la situación irá a peor porque las instrucciones han sido irresponsables e insuficientes para evitar los contagios, haciendo caso omiso a nuestras sugerencias”. El Csif ha pedido la dimisión del secretario de Medidas Penales, Armand Calderó. Desde UGT piden también responsabilidades porque se sienten desprotegidos. La cárcel de Lleida y el resto de prisiones han intentado adapatarse a estas nuevas condiciones de vida que, si ya son difíciles para la ciudadanía en general, todavía lo son más para las personas que están privadas de libertad y para los funcionarios que deben trabajar en los penales.