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Imagen de uno de los controles de los Mossos en Lleida durante el estado de alarma.

Imagen de uno de los controles de los Mossos en Lleida durante el estado de alarma.SEGRE

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¿Estamos dispuestos a descargarnos en el móvil una aplicación de geolocalización que nos chive el estado de salud de las personas con las que nos crucemos en la calle, tal como quiere Oriol Mitjà, el epidemiólogo que aconseja a la Generalitat en esta emergencia sanitaria? ¿Aceptaríamos que la Policía pudiera exigirnos en la calle un certificado de anticuerpos? Si tenemos reparos a contestar afirmativamente a estas dos preguntas sobre dos de las posibilidades que se han planteado en los últimos días, aunque de nomento no se han aplicado, es porque vemos los riesgos de ir más allá de ciertos límites en la restricción de derechos que comporta el estado de alarma decretado para combatir la emergencia sanitaria del cornoavirus. El abogado Daniel Ibars, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Lleida, plantea la cuestión en estos términos en el artículo que publicamos en esta página: “

se comienza a alzar la voz en este momento histórico (...) que, para tratar de paliar los problemas que se han dado (no hay recursos suficientes en nuestros hospitales para atender el brote de coronavirus y por ende, proteger de morir a miles de ciudadanos), es forzoso valorar la necesidad en términos de cesión en nuestra libertad a favor de una mayor seguridad (salud pública)”. La ONU tiene claro que esta cesión debe tener unos límites: “Los bloqueos, las cuarentenas y otras medidas similares siempre deben llevarse a cabo en estricta conformidad con las normas de derechos humanos y de una manera que sea proporcional al riesgo evaluado”, dijo esta semana la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Y los ministros de Justicia de la UE afirmaron el pasado lunes que toda medida extraordinaria puesta en marcha para tratar de frenar la propagación del coronavirus debe estar en línea con los valores fundamentales de la Unión, un compromiso que reiteraron en una videoconferencia en la que, sin embargo, evitaron toda referencia expresa a la deriva autoritaria en Hungría con la excusa de la pandemia.

“¿Qué limitación de nuestras libertades consentiremos?” “¿Qué limitación de nuestras libertades estamos dispuestos a consentir los ciudadanos con el fin de salvaguardar la casi seguridad sanitaria?”, se pregunta Ibars. Y responde: “una democracia como la nuestra no puede mostrarse con ciudadanos sometidos al devenir de Gobiernos gestionados por bondadosos políticos que no son expertos en lo que regulan”. El filósofo de Cervera Josep Ramoneda es pesimista: “El tratamiento que se está haciendo de esta epidemia facilita los discursos autoritarios. Existe un peligro importante para el día después y es que el miedo siga vivo y comporte la aceptación de cosas que normalmente no se hubiesen aceptado”, afirma en una entrevista a eldiario.es. Ibars, por su parte, es especialmente crítico con la posibilidad de aplicar una geolocalización masiva y se pregunta: “¿quién controlará al contolador?”

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