El Gobierno interviene los laboratorios privados que hacen pruebas de coronavirus y regulará los precios
Los tests de detección tendrán que tener prescripción médica y los resultados se tendrán que comunicar a las autoridades
El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá
El gobierno español interviene los laboratorios y centros médicos privados de diagnóstico clínico con el objetivo de controlar las pruebas de coronavirus y también con la posibilidad de regular los precios para "evitar situaciones abusivas" en el acceso al servicio. En un orden ministerial publicada en el BOE este martes, el ejecutivo también establece que sólo se harán tests cuando haya prescripción previa de un facultativo y que las resultados confirmados se tendrán que comunicar a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha explicado que la medida responde a la voluntad de tener el "conjunto de información sistematizado y organizado".
El orden ministerial establece "la obligación" de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada a estar disponibles para entrar a formar parte o reforzar los circuitos ya existentes así como a notificar a las autoridades sanitarias competentes los casos de covid-19 confirmados. En este sentido, se ponen a disposición de las comunidades autónomas y se incluye la posibilidad "de adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de las pruebas diagnósticas" con el objetivo "de evitar situaciones abusivas de acceso al servicio". Además, se limita la realización de pruebas a aquellos casos en que haya prescripción previa de un facultativo y siempre ajustándose "a los criterios establecidos por la autoridad sanitaria competente". Igualmente, la orden publicada en el BOE insta los centros públicos o privados a comunicar la adquisición de hisopos para la toma de muestras, reactivos de inactivación, kits de extracción o tests| rápidos. Y alerta que el incumplimiento de las obligaciones fijadas podrán suponer una sanción. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha asegurado en una entrevista en Antena 3 que la medida tiene el objetivo de tener el "conjunto de información sistematizado y organizado".
