El comercio pide hacer rebajas y acusa al Estado de crear confusión

Las patronales del sector comercial de Catalunya, Pimecomerç y Foment Comerç, exigieron ayer en un comunicado al Gobierno seguridad jurídica y unidad de criterio para poder hacer rebajas, ofertas y promociones en las tiendas físicas. Lo hicieron después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ratificara el miércoles que “las rebajas pueden suscitar aglomeraciones y no están permitidas” y que por tanto sólo se permitirán si son online. Las declaraciones de Illa se producían después de que la Secretaría de Estado de Comercio dijera que se podían realizar rebajas en tiendas físicas si se aseguraba que no hubiera aglomeraciones, rectificando así lo publicado en el BOE del pasado sábado. Las patronales aseguraron que la situación pone de relieve la falta de unidad y de criterio entre sendos ministerios así como el nulo diálogo de Sanidad con el sector. En la misma línea, el texto asegura que tal situación deja a las tiendas físicas en clara desventaja respecto al comercio online al mismo tiempo que afirma que es “extremadamente preocupante que se generen asimetrías entre canales comerciales”. Asimismo, exige “apoyo y facilidad para que la sociedad retome cuanto antes el dinamismo comercial”. Sin embargo, Illa reiteró ayer en el Congreso que “no se pueden tomar medidas que favorezcan las aglomeraciones” como las rebajas.

Advierten de la quiebra de empresas si se mantiene el veto

Los mayores representantes del sector comercial, como son la Confederación Española de Comercio (CEC), la patronal Acotex o la gran distribución, advirtieron al Gobierno de que la prohibición de las rebajas para evitar aglomeraciones conducirá directamente a la quiebra de empresas y a la pérdida de miles de empleos. La Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel, Acotex, pidió a Sanidad que no prohíba las rebajas y “rectifique urgentemente” porque ello provocará el cierre de empresas y pondrá en riesgo cerca de 200.000 empleos. Para la CEC es intolerable que se tomen estas medidas sin consultar y sin informar al sector, algo que debería haberse hecho en la mesa de diálogo sectorial, cuya constitución lleva reclamando a la ministra de Comercio desde hace más de dos meses.