Blindaje contra los delitos a menores

El Gobierno central aprobó ayer en Consejo de Ministros el proyecto de ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia que, entre otros cambios significativos, aumentará el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, empezando a contar cuando la víctima cumpla 30 años y no 18 como hasta ahora. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglésias, señaló que el anteproyecto supondrá “un nuevo paradigma de protección común frente a la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que pondrá al país al nivel de los estándares internacionales más altos en protección a la infancia”, aunque pidió perdón a las víctimas para las que la nueva ley “llega tarde”. Además de obligar a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave contra un menor, contempla nuevos delitos cometidos a través de internet, como la incitación al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción de trastornos alimenticios. También plantea crear una figura de ‘coordinador de protección’ en los colegios. Cuando la víctima sea menor de 14 años o con discapacidad, se favorecerá que realice una única narración de los hechos ante el juzgado, sin que sea necesario que declare antes o posteriormente en el juicio. Además, se crearán juzgados especializados contra la violencia a la infancia. El anteproyecto de ley se ha remitido para su tramitación parlamentaria.

“La ley silencia a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia”

El portavoz de la asociación Infancia Robada y primera víctima que denunció abusos sexuales cometidos en la abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, valoró ayer los avances de esta nueva legislación, aunque lamentó la norma “silencia” a los niños que sufrieron abusos por parte del clero ya que “no menciona cómo luchar” contra la pederastia en la Iglesia. Asegura que la normativa “supone que una vez más las víctimas de pederastia clerical seamos silenciadas por las instituciones públicas para no molestar a la jerarquía católica”, asegura Miguel Hurtado, cuyo caso prescribió cuando quiso denunciar.