Las “propiedades” de la Iglesia

La Iglesia ha inscrito 3.722 inmuebles y fincas a su nombre sin ningún tipo de título que acreditara la propiedad (lo que se conoce como “inmatriculaciones”), según el departamento de Justicia. Lleida es la provincia catalana más afectada, con 2.157 inscripciones a nombre de la Iglesia, el 58% del total, y tiene las tres comarcas catalanas con más inmatriculaciones: el Pallars Sobirà (418), el Alt Urgell (295) y el Pallars Jussà (287). El Pont de Suert es uno de los dos municipios catalanes con más inmatriculaciones, con 82. La Generalitat es la primera institución en hacer público este listado, que puede consultarse de forma interactiva a través de un mapa, y que es el trabajo de la recopilación de información por parte del departamento de Justicia de las propiedades inscritas bajo este sistema entre los años 1946 y 2015. Un 40% son construcciones dedicadas al culto en el caso de la provincia de Lleida, como templos, ermitas, cementerios, capillas, conjuntos eclesiásticos y santuarios; mientras que un 50,5% son terrenos, sobre todo rústicos. El resto de inscripciones (8,7%) son edificios civiles como rectorías o garajes.

La consellera de Justicia, Ester Capella, señaló ayer que se ha creado la Oficina de Mediació sobre Inmatriculacions, dirigida a la Iglesia y a los particulares y entidades que reclaman la propiedad, para llegar a acuerdos extrajudiciales. “No queremos señalar a nadie con el dedo, sino resolver un problema que se había enquistado”, señalaron Capella y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Por su parte, el alcalde de El Pont de Suerte, Josep Antoni Troguet, explicó que ha habido litigios de particulares que han reclamado a la Iglesia propiedades rústicas y apuntó que repasarán “a conciencia” el listado. Mientras, las diez diócesis con sede en Catalunya que forman la Conferencia Episcopal Tarraconense negaron ayer que la Iglesia se haya apropiado “de algo que no era suyo” y defendieron la legalidad de las inmatriculaciones. Señalaron que están dispuestos a llegar a un acuerdo en caso de haber algún error en las inscripciones y dijeron que las propiedades están “a disposición de los fieles”.

En virtud de una ley franquista que equiparaba a obispos con notarios La inmatriculación es el registro de un inmueble o una finca por primera vez. La polémica sobre los bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia tiene el origen en la ley hipotecaria que el franquismo aprobó en 1946 y que, vigente hasta diciembre de 2015, establecía que la Iglesia, igual que la Administración, podía inmatricular una finca pese a que no tuviera ningún título que acreditara la propiedad. Además, facultaba a los obispos para acreditar la propiedad de los bienes como si fueran notarios. Tras la publicación del listado de bienes inmatriculados, la conselleria de Justicia también promueve la constitución de un grupo de trabajo para identificar los supuestos que puedan exigir una actuación pública para recuperar los bienes que deba disfrutar el conjunto de la sociedad, apoyar a los municipios e impulsar las medidas legislativas necesarias. La publicación de esta lista abre la puerta a posibles demandas judiciales.