TRIBUNALES HISTORIA
Ordenan a los Franco devolver el Pazo de Meirás al Estado
Una jueza de A Coruña ha sentenciado que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y que la familia de Francisco Franco debe devolverlo, una decisión que ha sido recibida como una victoria democrática por administraciones de distinto color político y que los herederos del dictador han anunciado que van a recurrir ante la Audiencia Provincial.
La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, ha concluido que el pazo, residencia de verano del dictador en Sada (A Coruña), fue un regalo que se hizo en su momento al jefe del Estado y no a Francisco Franco a título personal. “Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado”, aclara la jueza, que insiste en que la literalidad de los documentos sobre la compra del pazo y su posterior donación “no arroja dudas” porque todos se refieren “al caudillo”. Y afirma que la operación de compraventa de 1941, mediante la que el dictador inscribió la finca a su nombre en el Registro de la Propiedad, no fue sino una simulación, una “ficción”, “lo que determina la nulidad de la misma”.
De este modo, la jueza ha estimado de forma íntegra la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado en representación del Gobierno central, que fue respaldada por la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación Provincial.
La jueza añade en su resolución que los Franco no deben ser indemnizados por los gastos que aseguraron asumir para el mantenimiento de la propiedad porque esta se incorporó al patrimonio de la familia “de mala fe”.
Tanto el delegado del Gobierno en Galicia, como representantes de la Xunta, la Diputación de A Coruña, los ayuntamientos de A Coruña y Sada, partidos políticos y varias entidades sociales celebraron como una “victoria” el fallo, que no es firme y que el abogado de la familia Franco dijo que recurrirán. Los denominados 19 de Meirás, que en agosto de 2017 ocuparon simbólicamente el pazo y que fueron denunciados por la familia Franco, reclaman el archivo de la misma después de la sentencia del juzgado coruñés que establece que el pazo es patrimonio público.