El Gobierno acelera el plan para ilegalizar la Fundación Franco

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el proyecto de ley de memoria democrática, en él se incluirá la prohibición de que existan fundaciones públicas o con recursos públicos que promuevan ideas totalitarias o enaltezcan figuras dictatoriales, porque “son todo lo contrario de la memoria”, según anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo. En la práctica, supone la vía para la ilegalización de la Fundación Franco. Su presidente, Juan Chicharro, considera que la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez es inconstitucional, aludiendo a que la Carta Magna establece “la libertad ideológica, de pensamiento, de expresión y de cátedra, siempre y cuando no se produzca violencia”.

La ley de memoria democrática será la primera del plan normativo que va a desarrollar el Gobierno en este segundo semestre del año.

“Cuando entre en vigor, en nuestro país no va a poder haber fundaciones públicas o con dinero público que enaltezcan totalitarismo o figuras dictatoriales que son justo lo contrario del afianzamiento y la profundización de la democracia que somos”, explicó Calvo.

Asimismo, avanzó que en esa norma también va a incluir “decisiones importantes” para llevar a cabo un “plan de exhumaciones con recursos públicos y un banco de ADN”, para que deje de haber familias que tengan víctimas en fosas comunes “de manera ignominiosa”. “Esto es lo más indigno para nuestro país”, sentenció. La primera acción para redignificar a las víctimas es encontrarlas, darles sepultura con el honor que les corresponde, porque estamos hablando de víctimas que lucharon contra el fascismo y que perdieron sus vidas para mantener el orden constitucional”, destacó.

Este proyecto de ley forma parte del plan normativo para este segundo semestre del primer año de legislatura, que consta de 171 propuestas.

Reforma de la Constitución para suprimir el término ‘disminuido’

La vicepresidenta Carmen Calvo aseguró ayer que el Ejecutivo tiene en su calendario normativo la reforma de la Constitución que permitirá eliminar del artículo 49 el término ‘disminuido’. Se trata de una iniciativa que se llegó a acordar en el Congreso en 2018, pero su tramitación se vio paralizada por la convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez en abril de 2019. Asimismo, la futura ley Orgánica de Garantía de Libertad Sexual, conocida como ley del “sólo sí es sí”, incluirá también medidas para perseguir a la industria de la explotación sexual. Fuentes del Ejecutivo explicaron que este cambio se va a incorporar al anteproyecto de ley, que está siendo ultimado antes de su envío a los órganos consultivos. El objetivo es impedir que esta industria continúe lucrándose con la explotación sexual de mujeres y que este tipo de violencia deje de ser negocio en España.