El Gobierno aprueba una ley que anula 11.000 juicios sumarísimos a leridanos, 400 de los cuales fueron ejecutados

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que contempla multas de hasta 150.000 euros si se infringe, así como la anulación de los juicios franquistas, como el del presidente de la Generalitat Lluís Companys, uno de los casi 11.000 leridanos que fueron sometidos a procesos “sumarísimos” durante la dictadura. Asimismo, el anteproyecto incluye la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos en el Tribunal Supremo que se dedicará a investigar hechos producidos en la Guerra Civil y la dictadura, teniendo como marco jurídico de referencia el derecho internacional y los tratados internacionales. Sobre la posibilidad de que se pueda llevar a cabo en España un proceso judicial como la causa que lleva en Argentina la jueza María Servini contra los crímenes franquistas, fuentes del equipo de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, señalaron que lo que se hace ahora es que se plantea la vía para poder presentar las denuncias por parte de los ciudadanía que así lo considere oportuno.

Asimismo, la ley establece un régimen de sanciones, en defensa de las víctimas y de la dignidad de los principios y valores constitucionales en el espacio público, que van desde los 200 a los 150.000 euros. Casos muy graves, por ejemplo, serían la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra Civil, la destrucción de lugares de memoria democrática, la falta de adopción de medidas necesarias para impedir o poner fin en espacios públicos a actos de exaltación de la Guerra Civil o la dictadura, o la convocatoria de actos que inciten al desprecio o la humillación de las víctimas.

La ley prevé que sea un cementerio civil, en el que reposan los restos de más de 1.400 leridanos

Por otra parte, la ley establece las actuaciones necesarias para que no puedan existir fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la dictadura franquista. De esta forma, se establece el procedimiento para la posible ilegación de la Fundación Francisco Franco, que ya anunció ayer que se irá al extranjero. En cuanto al Valle de los Caídos, el Gobierno plantea convertirlo en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional y en el que reposan los restos de más de 1.400 leridanos, según el Estado. La fundación de los benedictinos presente en el Valle “se extinguirá automáticamente” y no se prevé destruir la cruz.

Prevé recuperar 25.000 víctimas en fosas en 4 años El Gobierno prevé que el plan de cuatro años de exhumaciones que va a impulsar y financiar sirva para encontrar entre 20.000 y 25.000 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura enterradas en fosas comunes. También prevé la creación de un Banco Nacional de ADN para la identificación de los restos, como el que ya tiene la Generalitat. El Consejo de Ministros prevé aprobar próximamente una primera tanda de subvenciones de un total de 750.000 euros, de los cuales el 60% irá destinado a sufragar exhumaciones.