Los abusos en la Iglesia, bajo lupa

Las congregaciones religiosas deben responsabilizarse de los abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia y crear vías de reparación a favor de las víctimas. Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘La prevención y reparación de los abusos sexuales infantiles por representantes de la Iglesia católica’, que ayer presentó el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en el Parlament. La comisión que ha elaborado el documento, formada por el jurista leridano Josep Maria Tamarit, la doctora Olga Casado y la psicóloga Noemí Pereda, ha recibido varias quejas de abusos cometidos por miembros de los Jesuitas-Compañía de Jesús, Benedictinos Abadía de Montserrat, Claretianos, Escuelas Pías, La Salle, Hijas de la Caridad de San Vicenç de Paül e Hijos de la Sagrada Familia. La mayoría de los casos estudiados corresponden a hombres que tenían entre 5 y 17 años en el momento en que se cometieron los abusos, aunque también se han recibido testigos de familiares. Todos ellos informaron de los hechos a la institución a la que pertenecía el abusador y mostraron insatisfacción por la respuesta que recibida. Sobre el perfil de los abusadores, solía ser alguien muy cercano al menor y su familia, y los autores del informe sostienen que las agresiones “son producto de una estructura y una organización que favorecen la oportunidad de cometerlos, y no fruto de casos aislados”. Además de reivindicar la necesidad del reconocimiento y la responsabilidad sobre los hechos porque “no vale decir que la persona ya ha desaparecido o ya no es miembro de la iglesia”, Ribó pidió ayer al Parlament al Parlament que cree una comisión de investigación para analizar estos casos. Independientemente de si los abusos han prescrito no, recalcó la importancia de reparar el daño a las víctimas. En este sentido, el Síndic detalló que la mayoría de las víctimas no han reclamado una indemnización económica, sino una disculpa o peticiones más concretas como no hacer más actos de homenaje al abusador y subrayó que “la Administración debe garantizar la protección de los derechos de la infancia en todos los ámbitos, públicos y privados”.