El aborto, en el punto de mira

La falta de opciones de aborto en las comarcas leridanas ha sido siempre uno de los caballos de batalla de los colectivos en defensa de los derechos de la mujer. Y es que, aunque desde el 2010 el libre aborto es un derecho recogido por ley, las embarazas leridanas que quieren abortar quirúrgicamente entre la novena y la catorce semana de gestación llevan años teniendo que desplazarse a Barcelona, Tarragona o Girona, pues en Lleida no hay hasta la fecha ningún centro acreditado para hacerlo y solo está permitido el aborto con medicación. En el Pirineo la situación todavía es peor, pues no disponen de ninguna de las dos opciones debido a la objeción de conciencia de los facultativos del Hospital de Tremp. Tras meses de protestas, la consellera Alba Vergés admitió la semana pasada que este es un problema “que se arrastra” desde hace tiempo y se comprometió a ponerle remedio. De momento, y como avanzó SEGRE, el departamento de Salud está trabajando en una “solución parcial” que llegará antes del año que viene en el Pirineo y que consiste en que profesionales del hospital Arnau de Vilanova se desplazarán semanalmente a Tremp y a Vielha para atender abortos farmacológicos. La ampliación de la cartera de Ginecología y Obstetrícia en estos hospitales también incluirá la posibilidad de practicar ecografías del segundo trimestre. En los centros hospitalarios de la Cerdanya y La Seu se esperan nuevos servicios “de cara al año que viene”, según explicaron a este diario fuentes de Salud. En paralelo, está trabajando con la clínica Vithas Lleida para que “en breve” pueda responder a las demandas de aborto quirúrgico de las embarazadas de toda la demarcación. Sin embargo, algunas opiniones destacan que estas nuevas propuestas llegan “tarde y mal” (ver desglose).

Preparan acciones feministas a favor del acceso público a este derecho Tras una reunión en la que grupos feministas de diferentes puntos de la demarcación abordaron la problemática actual del aborto, Dones Lleida criticó ayer que la propuesta de Salud “se trata de un parche que no da respuesta a las verdaderas necesidades de las ciudadanas, pues el aborto es un derecho fundamental para todas las mujeres y debería ser la sanidad pública quien lo practique”. Asimismo, desde Marea Lila aseguraron que “llevamos un año conversando con Salud sobre esta cuestión y, aunque el hecho de que se acredite al menos la primera clínica de Lleida para practicar abortos es un buen comienzo, seguiremos luchando para conseguir que sean los centros públicos los que ofrezcan este servicio”. Ambos colectivos anunciaron que ya están trabajando en nuevas acciones de protesta para exigir que la sanidad pública de Lleida dé respuesta a las peticiones de aborto voluntario a partir de la novena semana de gestación. L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius, que destaca que en 2018 fueron un total de 482 mujeres catalanaslas que tuvieron que desplazarse fuera de sus comarcas para poder interrumpir su embarazo, también lleva años denunciado las desigualdades territoriales en cuanto al acceso al aborto. En uno de sus últimos informes destaca que “la objeción de conciencia, regulada en la Ley Orgánica 2/2010, no puede suponer nunca un impedimento a la hora de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y, aún así, es uno de los obstáculos más frecuentes y con más opacidad que existen”. En Lleida ciudad, por ejemplo, todos los ginecólogos que trabajan en el hospital Arnau de Vilanova (una treintena) se declaran objetores de conciencia con respecto a la práctica del aborto quirúrgico y, en consecuencia, se niegan a practicarlo, según informó el departamento de Salud.