España legaliza la eutanasia

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones, la ley orgánica para la Regulación de la Eutanasia, después de que el Senado la refrendara la semana pasada con algunos cambios en el texto en el dictamen de la Comisión de Justicia. Con la luz verde a la propuesta, que salió adelante con los votos de PSOE, UP, PNV, ERC, Bildu y Cs, mientras que PP, Vox y UPN votaron en contra, España se convierte en el séptimo país del mundo en el que la práctica de la eutanasia es legal después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia —por decisión del Tribunal Constitucional—.

La normativa entrará en vigor a los tres meses de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y podrá aplicarse a aquellos pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”. Deberán ser mayores de edad, “ser capaces y conscientes en el momento de la solicitud” y tener, además, la nacionalidad española, residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses.

La ministra de Sanidad calificó la aprobación como un avance a una sociedad “más humana y justa”

Si el paciente está consciente, deberá solicitar la eutanasia dos veces por escrito —o por cualquier otro medio que deje constancia en caso de no poder escribir— en dos documentos separados entre sí por un plazo de 15 días, dejando patente que no es “resultado de ninguna presión externa”. Tras recibir la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como también posibles cuidados paliativos, “asegurándose de que comprende la información que se le facilita”.

Tras ello, el paciente deberá confirmar su intencionalidad. A partir de la segunda demanda, el facultativo debe trasladar la petición a la Comisión de Garantía y Evaluación, que dará una respuesta en un plazo de 19 días.

Antes de la votación, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, agradeció el trabajo realizado por todos los grupos parlamentarios, destacando la “importancia” de esta aprobación porque se avanza en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y hacia una “sociedad más humana y más justa”.

Varias decenas de personas se concentraron frente al Congreso para protestar contra la ley, convocados por asociaciones como Abogados Cristianos y Enraizados, tildando al gobierno de “asesino” y “criminal”.

Entrevista Concepció Canut

¿Cuál es el objetivo de la plataforma Dret a Morir Dignament?

Nuestra meta siempre ha sido que las personas puedan decidir sobre la propia vida y que puedan tener una muerte digna. Nosotros asesoramos y acompañamos a los casos que recibimos y que nos piden ayuda, siempre respetando el secreto profesional y con total confidencialidad.

¿Cómo han recibido la noticia?

Con mucha satisfacción por aprobación de la ley, es un día glorioso, fruto de más de 30 años de trabajo con los pacientes, sus familiares y con otros grupos.

La ley aprobada, ¿responde a sus expectativas?

Solo un reproche, respecto a la creación de la Comisión de Evaluación, entendemos que es un órgano que alargará aún más el trámite burocrático mientras el paciente espera su resolución.

Los interesados, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes?

A través del teléfono de la asociación 619959767, mediante correo electrónico a dmdlleida@gmail.com o dirigiéndose a nuestra oficina en Espai Salut GSS de Lleida, en la calle Henri Dunant 1.

El caso de María José Carrasco, aún pendiente con la Justicia “La semilla ya estaba echada, el último impulso puede que lo diéramos María José y yo, pero hay que agradecérselo a Ramón Sampedro, a Luis de Marcos, a Maribel Tellaetxe, son ellos los verdaderos protagonistas”, declaró ayer en Madrid Ángel Hernández, quien a finales del verano, irá a juicio por ayudar a su mujer María José Carrasco a cumplir su deseo el 3 de abril de 2019: acercarle un vaso con pentobarbital sódico y una pajita para que ella, inmóvil, pudiera tomar el fármaco letal. La Fiscalía pide para él 6 meses de prisión por delito de cooperación de suicidio.