Sacerdotes acusados de abusos

La Iglesia española remitió al Vaticano un total de 220 denuncias contra sacerdotes españoles por abusos sexuales a menores en las dos últimas decádas, según informó ayer la Conferencia Episcopal Española. En concreto, según datos de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, solicitados por los obispos españoles hace unas semanas, en los últimos 20 años, desde 2001 hasta el 20 de abril de 2021, se han recibido 144 denuncias contra sacerdotes del clero secular y 76 del clero regular.

Del total de casos, 151 se han resuelto y, en los 69 restantes, el procedimiento sigue abierto, según señaló el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello. El portavoz de los obispos españoles quiso poner estos datos en relación con el número de sacerdotes que han ejercido el ministerio en estos 20 años, un total de 31.000. También comparó el dato con las 220.000 denuncias por abusos sexuales que se han presentado en España en el mismo periodo de tiempo.

Es la primera vez que la Iglesia española da a conocer estos datos y precisó que, aunque las denuncias se han presentado en estos últimos 20 años, los hechos pudieron producirse antes del año 2001. Igualmente, puntualizó que estas cifras no incluyen denuncias contra hermanos no sacerdotes de una congregación religiosa o laicos, como profesores de religión.

Entre los casos investigados por el Vaticano se encontraría el párroco Josep Maria Font, que hasta febrero de 2019 fue rector en las parroquias de ocho municipios del Urgell y Les Garrigues, por presuntos abusos sexuales a menores. Fue investigado en 2015 y apartado durante dos años.

Asimismo, en los últimos años exalumnos del colegio Maristes Montserrat de Lleida han denunciado los abusos por parte de uno de los ‘hermanos’, Moisés González, ya fallecido. El portavoz de los obispos españoles señaló que la CEE “no tiene la intención de abrir una investigación”, en este momento sobre los casos de abusos cometidos por el clero, aunque no descartan adoptar nuevas medidas tras analizar las investigaciones de las diócesis.

La CEE se defiende de la “grave acusación” de la ministra El portavoz de los obispos defendió el trabajo de la Iglesia española frente a la “grave acusación” de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien dijo que la Iglesia había sido “cómplice de la violencia sexual hacia la infancia”. Argüello señaló que empezó a dar un giro en 2011, cuando amplió la prescripción de los abusos sexuales a menores y puso en valor que hace un año abrieron en las diócesis españolas las oficinas para recibir denuncias y atender a las víctimas.

En este sentido, anunció que un servicio de asesoramiento desde la Conferencia Episcopal para apoyar los trabajos de estas oficinas y de las congregaciones religiosas. También pretenden que sirva de canal de comunicación con las administraciones públicas y la Fiscalía.

Los obispos crean un testamento vital contra la ley de Eutanasia La asamblea plenaria de los obispos también abordó ayer la aprobación de la ley de Eutanasia y presentó su propuesta de testamento vital en el que el firmante pide que no se realice en su persona la prestación de la muerte provocada o el suicidio asistido. La CEE hará una campaña de difusión para que las personas se animen a dar el paso de inscribir esta declaración de últimas voluntades “en favor de los cuidados paliativos hasta el último momento de la existencia” y que lo inscriban en los registros en cada comunidad.

Este testamento vital debe llevarse a un registro público e incorporarse al historial del paciente. Los obispos resaltaron sus “preocupantes discrepancias” y “desencuentros” con leyes aprobadas por el Gobierno socialista, como la ley de Aborto para permitir a las menores de 16 años interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno, así como la ley de Educación y la ley ‘trans’.

Omella presenta su renuncia como arzobispo barcelonés El cardenal Juan José Omella envió a principios de abril al papa Francisco la carta de renuncia al cargo de arzobispo de Barcelona, unos días antes de cumplir los 75 años, atendiendo lo que marca el código de derecho canónico, aunque no sería relevado de forma inminente. Todo apunta a que por lo menos le quedan tres años en Barcelona, hasta 2024, cuando finaliza su mandato como presidente de la Conferencia Episcopal Española. En 2023, el obispo de Lleida cumplirá los 75 años y un año después lo hará el del Urgell, Joan-Enric Vives, por lo que también tendrán que presentar su renuncia.