Contaminar ahora se paga

Las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos se comenzarán a gravar con un impuesto nuevo el próximo mes de septiembre. El tributo afectará a turismos, furgonetas y motocicletas que generen más de 120 gramos de CO2 por kilómetro, es decir, 2,3 millones de vehículos matriculados en Catalunya y más de 300.000 en la provincia de Lleida.

La media a pagar sería de unos 27 euros al año, aunque en algunos casos se podría superar los 100 euros mientras que quedarán exentos aquellos que deban pagar menos de 6 euros. Se trata del primer gran impuesto masivo y propio que pone en marcha la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y con el que la Generalitat pretende recaudar 67,3 millones de euros este año (unos 8 millones en las comarcas leridanas) y 145 millones a partir de 2021, cuando se rebajará el nivel de emisiones exigidas para quedar exento.

Calcula l'mpost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles

Y, ¿quién está obligado a pagar? Según la ATC, todas las personas físicas y jurídicas que a lo largo de 2020 hayan sido titulares de un turismo, motocicleta o furgoneta y que tuvieran su domicilio fiscal en Catalunya. También están obligados al pago del impuesto las personas jurídicas sin residencia fiscal en Catalunya que tuvieran un establecimiento, sucursal u oficina que tuvieran vehículos registrados en Catalunya.

Este primer año deberán tributar los propietarios de coches y motos con unas emisiones de más de 120 gramos de CO2 por kilómetros. En el caso de las furgonetas, de hasta 3,5 toneladas, será a partir de los 160 gramos por kilómetros.

Este límite cambiará en 2022, cuando será de 95 gramos para turismos y motocicletas. .

Quedan exentos los vehículos 100% eléctricos, los ciclomotores, los camiones y vehículos de más de 3,5 toneladas, los autocares y los autorizados a transportar más de 9 personas. También quedan fuera del impuesto los vehículos clásicos y los que tienen matrícula histórica, así como adaptados para personas con movilidad reducida, ambulancias y transporte sanitario y los vehículos oficiales.

Los ciudadanos ya pueden consultar desde ayer qué cuantía deberán afrontar a través del padrón provisional de vehículos en el ATC, donde se podrán presentar alegaciones hasta el 4 de junio. Una vez hecho esto, entre el 1 y el 15 de septiembre se publicará el padrón definitivo de vehículos que deberán pagar, y a partir de entonces se comentarán a tramitar las liquidaciones. El periodo de ingreso será del 1 al 20 de noviembre y este año, al ser el primero de tributación, se deberá pagar una vez se reciba la notificación individual.

La recaudación obtenida se destinará al Fons Climàtic y al Fons Patrimoni Natural para subvencionar el desarrollo de energías renovables y otros proyectos que fomenten la sostenibilidad. Entre ellas, la Generalitat destaca las ayudas al transporte público, la movilidad sostenible y la renovación del parque vehículos, además de la participación en proyectos de investigación e innovación en el ámbito del cambio climático y la financiación de políticas de gestión del medio ambiente.

El impuesto se creó en 2017 y se incorporó en la ley del cambio climático, que fue recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional, que lo desestimó. En diciembre de 2019 el Parlament aprobó algunas modificaciones de la ley para que entrara en vigor en 2020, pero se retrasó por la pandemia de la Covid-19.

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El RACC pide detener la aplicación por la crisis causada por la Covid Comprar un coche eléctrico supone un ahorro de al menos 9.000 euros en 11 años de uso, según un estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios. En concreto, un vehículo compacto eléctrico de gama media que recorre unos 14.600 kilómetros al año tendría un coste de unos 56.000 euros en 11 años de uso mientras que un modelo de motor de gasolina habría gastado unos 65.000 euros.

Ahorro de 9.000 € en 11 años con coche eléctrico El RACC ha pedido a la Generalitat que detenga la aplicación del nuevo impuesto sobre el CO2 mientras se mantenga la situación de crisis económica que ha generado la pandemia de la Covid-19. La entidad ya presentó alegaciones contra esta medida argumentando que tal y como está planteada, no reducirá las emisiones de dióxido de carbono, ya que, asegura “lo que se sanciona es la tenencia de vehículos, no su uso”.

En este sentido, el RACC defiende que aunque comparte el objetivo de la lucha contra el cambio climático, ahora “no es el momento de imponer más impuestos a los ciudadanos, que están viendo mermados sus ingresos por culpa de la pandemia”. También señala que aunque se aplique la tarifa más baja, la medida impactará gravemente en un sector en crisis, en el de la automoción, y recuerda que es “capital para la economía y la ocupación laboral”.

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