Puerta abierta a la muerte digna

Cualquier persona mayor de edad con una enfermedad incurable y que padezca un sufrimiento “constante e intolerable” ya puede solicitar ayuda médica para morir, una opción que entidades como Dret a Morir Dignament llevan décadas batallando y que desde ayer es una realidad en España con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Hasta la fecha, más de 4.200 leridanos han firmado un documento de últimas voluntades para no alargar su vida de forma artificial.

Asociaciones como Dret a Morir Dignament llevan más de tres décadas reivindicando este derecho

En Catalunya, el Govern ya ha puesto en marcha la maquinaria para designar a los expertos que analizarán cada caso y que tendrán la última palabra cuando una persona solicite poner fin a su vida con asistencia médica. Después de que el facultativo responsable del paciente y otro médico consultor avalen la petición del enfermo y constaten que cumple los requisitos de la ley, la comisión tendrá que decidir si concede la prestación.

También se ha creado un registro de objetores donde podrán inscribirse los profesionales que, por sus creencias, no quieran participar de la aplicación de la ley. Las familias que durante décadas lucharon a favor de la despenalización de la eutanasia publicaron ayer un vídeo a través de Change.org en el que celebraron que ya “ninguna familia” tendrá que ver como un ser querido que “quiere irse” no se lo permiten hacer.

Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que “no se pongan trabas” a esta nueva ley, ya que es “una demanda del conjunto de la sociedad". Entretanto, varios obispos, entre ellos el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, expresaron su “tristeza” por la norma.

El PP y Vox ya presentaron un recurso ante el TC tras la aprobación de la ley y están a la espera de la resolución judicial.

Entrevista a... Concepció canut, associació dret a morir dignament

¿Qué supone la despenalización de la eutanasia en España?

Para empezar hemos ganado un derecho que no teníamos, y eso ya es mucho. La regularización de la ley de la eutanasia evitará que aquellas personas que tienen enfermedades irreversibles y que no quieren llegar a la fase en la que ya han perdido todas sus capacidades tengan que recurrir a suicidios clandestinos, ingiriendo fármacos para poner fin a su vida sin saber cómo va a reaccionar su cuerpo. Evitará que una persona en estas condiciones se enfrente al trance de la muerte sola, cuando realmente necesita a su familia. Porque hay que recordar que vivir es un derecho, no una obligación.

¿Cree que el proceso para solicitar esta ayuda médica para morir es demasiado complicado?

Es una ley muy garantista que podría ser más ágil aunque, teniendo en cuenta que las personas que lo solicitan normalmente están años sufriendo, los 40 días que puede demorarse el proceso no parece, a priori, un tiempo excesivo.

¿Podría darse el caso de que la objeción de conciencia de los profesionales fuera una traba para acceder a la eutanasia?

Un médico debe tener libertad para mostrarse en contra de esta práctica, aunque se tendrá que buscar una fórmula para que también se garantice el derecho de quienes pidan morir.

Las claves

¿Quién puede solicitarla? Se podrá aplicar a las personas que tienen la nacionalidad española, residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en el territorio español superior a 12 meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud.

¿Cuál es el proceso? Las personas que quieran ejercer la eutanasia tendrán que presentar dos solicitudes. Una vez el médico reciba la primera solicitud, tendrá que llevar a cabo un proceso deliberativo sobre su diagnóstico y posibilidades terapéuticas, así como sobre posibles curas paliativas. Después de eso, el paciente tendrá que confirmar su intención, y después de la segunda solicitud, tendrá que haber una reunión médico-paciente para volver a ratificar su voluntad. Cuando la comisión de evaluación apruebe el caso, el afectado tendrá que volver a confirmar su intención. Se estima que todo el proceso dure unos 40 días.