Treinta y dos años de la "sentencia de la minifalda" en Lleida

En 1989 España daba un paso a favor de los derechos legales de las mujeres con una reforma del Código Penal por la que la violación dejaba de ser considerada un delito "contra el honor" y pasaba a ser un delito "contra la libertad sexual".

Tras aquella reforma, que esta semana ha cumplido 32 años -se publicó en el Boletín Oficial del Estado un 22 de junio-, Igualdad espera que a principios de julio llegue finalmente a la mesa del Consejo de Ministros el proyecto de ley integral de garantía de la libertad sexual, la conocida como ley del solo sí es sí.

Aspira a ser un nuevo cambio de paradigma al exigir el consentimiento expreso en las relaciones sexuales y acabar con la distinción entre abuso y violación.

Hace más de año y medio que comenzó a tramitarse, tras las multitudinarias protestas que provocó la sentencia de La Manada.

El cambio legal de 1989 también llegó en una época de "manifestaciones masivas" y "grandísimas conquistas por parte del feminismo", según rememoran algunas de sus protagonistas.

Entre ellas, reconocidas figuras como Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas; Tina Alarcón, presidenta de Fundación Mujeres; o María Durán Febrer, socia de Themis y directora del Instituto Balear de la Dona.

En la década de los 80 se consiguió sacar adelante la Ley del Divorcio (1981) o la despenalización del aborto (1985) en caso de riesgo grave para la salud física o mental de la embarazada, violación y malformaciones en el feto.

Ya a finales de la tercera legislatura (1986-1989) y ante las "escandalosas" sentencias sobre delitos sexuales que se dieron a lo largo de 1989, varias organizaciones de mujeres se plantearon la necesidad de reformar el código de enjuiciamiento criminal vigente.

Uno de estos detonantes fue la conocida como "sentencia de la minifalda", por la que la Audiencia de Lleida condenaba al empresario Jaime Fontanet a una multa de cuarenta mil pesetas por abusos deshonestos, pero argumentaba que la joven de 17 años "pudo provocar (?) por su vestimenta".

Por eso, con el claro objetivo de conseguir la reforma del Código Penal y sabiendo que solamente lo podrían conseguir desde las calles, mujeres como Alarcón, Pérez del Campo o Durán se organizaron para ello.

"Hicimos recogidas de firmas, reuniones con ministros, manifestaciones e, incluso, nos encerramos en los juzgados de Plaza de Castilla", cuenta Pérez del Campo, cofundadora de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas en 1973.

En aquel encierro participaron integrantes de Mujeres Progresistas, Themis, de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas y de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.

"Pasamos toda la noche encerradas", explica Pérez del Campo, que cuenta que durante esa noche recibieron muchas llamadas para que salieran: "dijimos que estábamos dispuestas a hablar, pero que no íbamos a irnos".

A la mañana siguiente, las puertas de Plaza de Castilla estaban abarrotadas de gente y los medios de comunicación se hicieron eco de las reivindicaciones, recuerdan.

Y destacan que en aquellos años de ferviente lucha feminista "la gran aliada de las mujeres, salvo excepciones, siempre fue la prensa".

Gracias a su ímpetu consiguieron sacar adelante la Reforma del Código Penal por la que los delitos contra el honor pasaban a ser delitos contra la libertad sexual.

"Hasta entonces, las mujeres violadas tenían que demostrar que eran dignas de pedir el auxilio judicial, de forma que la reforma fue de gran calado", sostiene Durán sobre la trascendencia de esta reforma.

Además, el delito de violación se aplicaba a partir de entonces a la penetración anal y bucal, y no sólo vaginal, y se tipificaba la violación a hombres.

La relevancia de esta reforma, según apunta Tina Alarcón, también está en que abrió el camino para perseguir la violación dentro del matrimonio y para "incluir a las mujeres en situación de prostitución como sujetos de violación".

Otro de los bloques de enmiendas que se recogieron se refería a los delitos por malos tratos en el seno familiar.

Se tipificó la pena de arresto mayor para quienes ejercieran violencia sobre su cónyuge o hijos y para los separados o divorciados que incumpliesen su obligación de pagar las pensiones a sus exparejas.

Tres décadas después de aquella conquista y con las esperanzas puestas en la llegada al Congreso del proyecto de ley de garantía de la libertad sexual, las tres históricas feministas animan a seguir la lucha de las mujeres y la reivindicación "en las calles".