Una nueva ley de memoria democrática

El Gobierno aprobó ayer el texto definitivo del proyecto de ley de memoria democrática con el que pretende sustituir la ley de Memoria Histórica impulsada el año 2007 y que aspira a reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura e impedir que se ensalce el franquismo. Lo hace diez meses después de que el anteproyecto de la norma contara con el primer visto bueno por parte del Consejo de Ministros, tras haber sido promovido e impulsado por la ya exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, y después de haberse sometido a numerosas audiencias pública y a consultas y aportaciones jurídicas. Ahora, el anteproyecto de ley deberá ser trasladado a las Cortes.

La primera iniciativa legislativa que presenta el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pretende situar a esas víctimas en el centro de las políticas de memoria, busca su reparación y la verdad y también equiparar la normativa española a la de otros países europeos que también sufrieron dictaduras, como Alemania.

La ley quiere equiparar la normativa española a la de otros países europeos que sufrieron dictaduras

Entre otras cuestiones, el texto contempla la resignificación del Valle de los Caídos, con la exhumación de Primo de Rivera del altar mayor de la basílica; la retirada de distinciones y títulos nobiliarios a personas cercanas al franquismo; garantizar que el periodo de la guerra civil y la dictadura se estudia en los institutos; la tipificación del delito de apología del franquismo en determinados supuestos o extinguir las fundaciones franquistas que ensalcen el golpe de Estado o a los dictadores y humillen a las víctimas, tal y como sugirió en un informe el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este supuesto será aplicable, por ejemplo, a la Fundación Francisco Franco que, al enaltecer al dictador, quedará extinguida cuando se apruebe la ley una vez finalice su tramitación parlamentaria. El Gobierno no contempla la retirada de la cruz del Valle de los Caídos y lo que queda en el aire es el futuro de la abadía, ocupada actualmente por monjes benedictinos y que el Ejecutivo negociará con la Iglesia.

La izquierda la ve insuficiente y la derecha la rechaza

Después de que el Gobierno aprobara la ley de memoria democrática ahora falta que logre recabar los apoyos parlamentarios para sacarla adelante. La nueva ley no contará con el apoyo del PP, que ya anunció que la derogará cuando gobierne y criticó al Gobierno por buscar “reescribir la historia” en lugar de “mirar hacia adelante”. El grupo ultraderechista Vox, por su parte, anticipó un recurso al Tribunal Constitucional. Mientras, desde la izquierda, partidos como ERC o la CUP anunciaron que no apoyarán el proyecto al considerarlo “insuficiente”, miemtras que para Podemos, el redactado es “mejorable”.