Investigadores de la UdL identifican a 7.448 víctimas de tráfico de personas, 16 veces más que las cifras oficiales

El ámbito laboral es el segundo con más víctimas de tráfico de personas en el estado español, por detrás de la explotación sexual. Así lo revela una investigación|búsqueda de la Universidad de Lleida (UdL) publicada en las revistas 'European Journal of Criminology' y 'Revista General de Derecho Penal'.

En dos años, las investigadoras han identificado a 7.448 personas afectadas por las diferentes modalidades de este delito (sexual, laboral, criminal y otros), tipificado en el Código Penal (artículo 177 bis). La cifra total multiplica por 16 los datos oficiales del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que en el mismo periodo de tiempo cuantificó 458 víctimas de tráfico de personas en el Estado.

La catedrática de Derecho Penal de la UdL, Carolina Villacampa, que ha liderado el estudio, señala que la información estadística en el estado español "está muy orientada a medir el tráfico de personas para explotación sexual, dejando de lado otras formas como la laboral que puede ser incluso más prevalente." De las 7.448 víctimas detectadas, las investigadoras han podido clasificar 7.146, ya que "de 302 no había bastante información", observación. "Los resultados permiten concluir que el número de víctimas identificadas en el Estado puede constituir sólo la punta del iceberg", añade Villacampa.

La investigación de la UdL ha detectado a 373 víctimas de tráfico por motivos laborales. La cifra representa un 5,22% del total, cuando la media europea es del 25%, según el European Commission-Migration and Home Affairs 2018, cosa que significa que "en otros países se detectan mejor estos casos", según Villacampa. Las personas son explotadas principalmente en los sectores de la agricultura o ganadería (28%) y en el servicio doméstico (28%), seguidos muy de lejos por la construcción, la industria textil, la restauración y los comercios o la venta al detalle. Con respecto al origen, mientras que los datos oficiales apuntan que las víctimas de tráfico laboral provienen sobre todo de Rumania y Portugal, el estudio ubica su procedencia en Asia y África, especialmente el Magreb.

El colectivo mayoritario del tráfico de seres humanos corresponde a la explotación sexual, con 6.610 víctimas detectadas, un 92,5% del total clasificado por el estudio. Son sobre todo explotadas para prostitución en clubs o pisos (40%), seguimiento de prostitución de calle (34%) y de explotación en clubs y bares de 'strippers' (13%). En cuanto a su procedencia, la mayoría son mujeres de América del Sur, el África subsahariana y Europa del Este.

El tráfico para explotación criminal representa, según esta investigación, un 0,76%. Han detectado a 54 víctimas. Coincidiendo con lo que indican los datos policiales (CITCO 2019), la mayoría son originarias de la Europa del Este. Normalmente son explotadas haciéndolas intervenir en delincuencia patrimonial de calle (31,4%) y mendicidad forzada (31,4%). Intervienen en menor medida en conductos relacionas con el tráfico de drogas, tanto producción o cultivo como|cómo adoptando el rol de correos o mulas, "lo cual contrasta con los hallazgos de anteriores investigaciones|búsquedas", afirma el estudio.

El apartado de tráfico de personas para otras formas de explotación ha identificado a 109 víctimas, un 1,53% del total del estudio. Un 78,6% estaban relacionadas con el matrimonio forzado; un 14,3%, con supuestos de donación forzada de órganos y un 7,1%, con gestaciones forzadas. Proceden generalmente de África o Europa del Este.

El equipo encabezado por Villacampa ha contactado con 757 organismos y entidades de todo el Estado que eventualmente podrían haber entrado en contacto con víctimas de tráfico (policía, sistema judicial, inspección laboral, sindicatos, personal sanitario y organizaciones asistenciales, entre otros). De estas, 150 han respondido y 66 han facilitado datos sobre los perfiles de víctima: 9 trabajan en todo el ámbito estatal, 21 en Cataluña, 11 en Andalucía, 5 en Navarra, 4 en Madrid, 4 en la Comunidad Valenciana, 3 en Castilla y León, 2 en Aragón, 1 en Galicia, 1 en las Islas Baleares, 1 en las Islas Canarias, 1 en Melilla, 1 en Murcia, 1 en el País Vasco y 1 en Asturias.

El estudio defiende la "necesidad de una transformación en los mecanismos de identificación de las víctimas de tráfico en España" que permita una "recogida unificada de datos para poder compararlas al menos a nivel europeo". También apuesta por ampliar "la identificación formal por parte de determinadas agencias policiales" incluyendo "profesionales de los ámbitos asistencial, sanitario o educativo, así como otros grupos profesionales que pueden entrar en contacto con las víctimas".

La investigación se ha realizado en el marco del proyecto Hacia una Ley integral contra el tráfico de seres humanos y la esclavitud (LITRAES), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Toman parte 25 investigadores de la UdL, la Universidad Jaume I, la Universidad de las Islas Baleares, Rovira i Virgili, la Universidad de Sevilla, Cambridge y Bristol (Reino Unido), Leipzig (Alemania), Milà-Bicocca (Italia), Tilburg (Países Bajos) y Minho (Portugal).