Las sanciones más absurdas que imponen la Administración a los conductores
Multar a una ambulancia o no responder a las alegaciones son algunas de las irracionalidades de los ayuntamientos
Una vigilante de zona azul imponiendo esta semana una multa a un vehículo.
La Dirección General de Tráfico (DGT) es uno de los organismos que más multas impone a los conductores para que aprendan la lección. Pero, ¿qué pasa con los ayuntamientos? No te confíes, porque son una maquinaria sancionadora que pone seis veces más denuncias que la DGT.
Estos dos organismos actúan de manera automática y, en ocasiones, cuestionable. "A veces, la Administración actúa como un rodillo con los administrados, menospreciando sus derechos, obviando los razonamientos empleados en su descargo y obligándolos a acudir a los tribunales por cuestiones que se deberían ventilar en la vía ordinaria", asegura la asociación de defensa de los automovilistas Dvuelta.
Las siguientes sentencias son ejemplos de una mala actuación por parte de la Administración.
Firma escaneada
En esta decisión contra Tráfico en Tenerife se sancionaba a un conductor por un exceso de velocidad. El juez anuló la sanción de 300 euros: señala que es "nula de pleno derecho" porque la firma que aparece en la resolución sancionadora estaba simplemente escaneada y no cumplía con los requisitos técnicos legalmente establecidos.
La opción menos perjudicial
En este caso, Tráfico decidió sancionar al titular de un vehículo por no identificar al conductor que había cometido un exceso de velocidad. El importe de la multa eran 900 euros. El Juzgado número 2 de Alicante falla en contra de la DGT y anula el procedimiento. Su argumento es que debería haberse optado por la opción menos perjudicial para el ciudadano: la multa por velocidad.
Sin domicilio
En Cádiz, el Juzgado 2 rechazó la sanción de 300 euros a una conductora por exceso de velocidad porque la Jefatura Provincial de Tráfico no encontró el domicilio para notificar la multa. Según la magistrada, la Administración debería haber llevado una mínima labor indagatoria para encontrar un domicilio alternativo, consultando los archivos públicos.
Ambulancia durante una urgencia
En Málaga, tráfico multó a un conductor con 300 euros por superar el límite de velocidad. El juzgado revocó la sanción al tratarse de una UVI móvil que estaba respondiendo a una urgencia.
Fuera de servicio
El Juzgado 4 de Bilbao sentencia contra el Gobierno Vasco tras la denuncia efectuada por un ertzaina fuera de servicio que practicaba ciclismo y propuso una multa a un conductor con 500 euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir por conducción temeraria. El magistrado considera que al estar fuera de servicio no se beneficia de la presunción de veracidad. También añade que el policía vasco no aporta prueba de cargo más allá que su propio relato de los hechos.
Un ayuntamiento no competente
La sentencia del Juzgado número 4 de Madrid concluyó que el Ayuntamiento no tenía competencia para sancionar con 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carné a una conductora que no respetó la preferencia de paso en el Bus VAO. Al no recogerse el punto kilométrico de la infracción, podría corresponder a la Red de Carreteras del Estado, donde la potestad es de la DGT.
Un solo fotograma
El exceso de velocidad denunciado por la Jefatura de Córdoba lo atestiguaban dos imágenes del mismo fotograma recogidas por un radar. La multa de 300 euros fue anulada ya que faltaba un fotograma que ofreciera una visión panorámica.
Cámara sin verificar
La multa de 90 euros a un conductor por no respetar las señales en una vía de circulación restringida es anulada por el Juzgado 10 de Madrid. El Ayuntamiento no incluyó en el expediente la prueba que acreditara el correcto funcionamiento de las cámaras de grabación.
Aparcamiento
Un conductor madrileño es sancionado con 90 euros por aparcar en zona no autorizada. El Juzgado número 23 le da la razón porque las fotografías del expediente no prueban la infracción, pues no se identifica el lugar.
Indefensión ciudadana
Tráfico multó a un ciudadano con 300 euros por exceso de velocidad, pero no dio respuesta a las alegaciones del conductor. El magistrado resuelve el procedimiento afirmando que esa forma de actuar genera una grave indefensión en los ciudadanos.
