Proponen que quien quiera tener un perro tenga que hacer un cursillo obligatorio

El gobierno español quiere que los responsables de perros tengan que hacer uno curso de formación y contratar un seguro de responsabilidad civil para poder tenerlos. También propone que no los puedan dejar solos sin supervisión durante más de 24 horas. En el caso del resto de animales de compañía, el plazo máximo sería de tres días. Además, plantea que todos los perros tengan que pasar un test para saber si son peligrosos o no, y que se decida por conducta, no por raza. Son algunas de las medidas que el Ministerio de Asuntos Sociales ha incluido al anteproyecto de la primera ley española de protección y derechos de los animales.

La futura normativa también prevé que no se puedan vender animales de compañía en tiendas de animales, excepto en el caso de los pescados|peces, sino que se tengan que comprar en criadores oficiales. Además, quiere que los animales tengan que estar esterilizados si conviven con otros ejemplares del sexo contrario. También prohíbe sacrificar a cualquier animal, si no es por un motivo justificado como ahorrarle el sufrimiento.

En domicilios particulares, no se podrán tener animales salvajes, y tampoco será legal ofrecer a un animal como recompensa de sorteos o promociones. La ley también propone proteger las colonias felinas, reconvertir los parques zoológicos en centros de reintroducción de especies autónomas, crear un observatorio contra el maltrato animal y también tener un registro de personas y entidades inhabilitadas para tener animales de compañía.

Incumplir la normativa comportaría sanciones de hasta 600.000 euros, pero los animales destinados a la alimentación o utilizados en ensayos de laboratorio no estarían amparados por la ley.

Uno de los puntos más polémicos es la prohibición de utilizar animales en fiestas y espectáculos donde sufran. Se pone de ejemplo las batallas de gallos, pero, en cambio, los toros quedan excluidos, según el director general de Derechos de los Animales, Sergio Torres, “para ser prácticos”. El objetivo del gobierno español es llevar la ley al Consejo de Ministros de noviembre.