La instalación de placas solares en edificios de pisos sólo necesitará la mayoría simple de los votos de los vecinos

El Consell Executiu ha aprobado este martes, a propuesta del Departament de Justícia, un decreto ley que favorece que los vecinos de una comunidad puedan tomar acuerdos para instalar sistemas de eficiencia energética o de energías renovables. Con la nueva normativa, que modifica los artículos relativos a la propiedad horizontal del libro quinto del código civil catalán, los acuerdos entre vecinos sólo requerirá la mayoría simple de la comunidad, la mitad más uno de los votos emitidos, para sacar adelante la propuesta. El cambio va acompañado de 32,4 millones de euros de los fondos europeos, y se calcula que un total de 25.000 viviendas podrían salir beneficiados.

El objetivo del decreto ley es facilitar a las comunidades la instalación de sistemas que disminuyan el consumo energético de los edificios, como el aislamiento de las fachadas y el cambio de carpinterías y de otros materiales aislantes (toldos, marquesinas u otros elementos de protección contra la radiación solar). La norma también incentiva el consenso entre las comunidades de propietarios para acordar la instalación de sistemas de energía renovable como son las placas solares fotovoltaicas.

La aprobación de este decreto ley añade un cuarto apartado que se suma a las otras situaciones previstas por el código civil actual que requieren mayoría simple: las obras para suprimir barreras arquitectónicas o colocar ascensores; las que supongan cualquier mejora en la habitabilidad, la accesibilidad o la seguridad, y las obras necesarias para las infraestructuras comunes.

Límite para proteger a los propietarios más vulnerables

Los acuerdos obligan a todas las personas propietarias de una comunidad, pero el decreto ley establece un máximo que protege a las personas que no están de acuerdo, cuando el gasto de las obras exceda de las tres cuartas partes del presupuesto anual de la comunidad, una vez descontadas las subvenciones o las ayudas públicas que se puedan recibir. El objetivo de esta excepción es limitar el precio del gasto económico y proteger a las personas que están en una situación económica más vulnerable.

El objetivo del decreto ley es, básicamente, incentivar la instalación de placas solares fotovoltaicas para el autoconsumo en las cubiertas de los edificios plurifamiliares, que representan el 74% de las viviendas catalanas, según la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

Cataluña dispondrá de un total de 186 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation y, concretamente, un total de 32,57 millones de euros se destinarán a subvencionar las instalaciones de autoconsumo. Se calcula que un total de 25.000 viviendas podrían salir beneficiados.

Viviendas más sostenibles

El parque de viviendas de Cataluña supone el 10,6% de las emisiones de dióxido de carbono, y más del 80% de las calificaciones energéticas corresponden a las letras E, F o G. Según los datos del Institut Català d'Energía, un inmueble con una calificación A representa un ahorro de consumo medio de hasta el 89% respecto de otro de calificación G y del 78% respecto de otro que tiene la calificación E, que es el que tienen la mayoría de hogares catalanes.

El consumo eléctrico que generan las viviendas es responsable del 30% de los gases que se emiten a la atmósfera, de acuerdo con los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.

Facilidad para las reuniones telemáticas

Aunque la situación de la pandemia evoluciona, las últimas estadísticas apuntan a un incremento de contagios por coronavirus. Por eso, la norma aprobada hoy también prorroga la posibilidad de que los propietarios de una comunidad puedan reunirse y adoptar acuerdos telemáticamente. Así, con el objetivo de hacer frente a la transmisión de la covid, el decreto ley amplía hasta el 31 de diciembre de 2022 el plazo para que las juntas puedan adoptar acuerdos por videoconferencia u otros medios de comunicación.

El decreto ley la ha elaborado la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia con la colaboración de la Direcció General d’Energia, y la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La redacción del texto ha ido a cargo de la Comissió de Codificació de Catalunya, que es un órgano encargado de diseñar, desarrollar y revisar el derecho civil catalán.