Luz verde a la protección animal

El Gobierno central aprobó ayer el anteproyecto de ley de Protección Animal, que contempla prohibir el sacrificio y maltrato de animales y su venta y exposición en tiendas y que exigirá a los nuevos dueños de mascota haber superado una formación en tenencia responsable, entre otras medidas. Asimismo, se anunció una reforma del Código Penal para endurecer las penas por maltrato a 24 meses de prisión con resultado de muerte y a 18 meses si implica atención veterinaria, y se incluyen también para el maltrato de animales salvajes, hasta ahora excluidos. En una sesión extraordinaria celebrada ayer, el Consejo de Ministros dio luz verde al texto que pasará al Congreso de los Diputados.

Se trata de la primera ley en la historia de España que regula la protección de los animales, según explicó la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien destacó “el maltrato, el abandono y el sacrificio” como las “tres lacras” que vulneran los derechos de estos seres vivos y en las que se centra la futura norma. En su intervención, Belarra hizo énfasis en que esta ley acaba con el maltrato que ha llegado a ser exhibido en redes sociales, y aludió a casos concretos, como por ejemplo un vídeo que en 2018 se hizo viral en el que un vecino de Lleida golpeaba e intenta ahogar a una cría de jabalí en una acequía del Canal de Pinyana entre Lleida y Alpicat, así como la tortura hasta la muerte de un zorro en Huesca. Pese a la “creciente sensibilidad hacia los animales”, la ministra lamentó que en España “el maltrato a los animales ha gozado prácticamente de una total impunidad”.

Además del incremento de las penas de prisión, el texto fija diferentes niveles de sanción en caso de infracciones: para las leves, la multa podrá ser de entre 600 y 30.000 euros; para las graves, entre 30.001 y 100.000 euros; y, para las muy graves, entre 100.001 y 600.000 euros. Esta ley llega en plena polémica por los 32 perros de la raza beagle que serán sacrificados por la UB en pro de un experimento médico. El juzgado ha pedido que se justifique el sacrificio porque podría haber un método alternativo para investigar sobre el fármaco en estudio.