Justicia modifica el protocolo de contención de presos al aumentar un 31% las agresiones a los funcionarios

La Conselleria de Justícia ha anunciado este jueves los cambios al protocolo de contención de reclusos de las prisiones catalanas. El departamento reconoce que el protocolo vigente, aprobado en mayo del 2021, es de "difícil aplicación" y ha visto un aumento del 31% de agresiones a funcionarios por parte de los internos. El nuevo documento entrará en vigor el 1 de abril y prevé, entre otras medidas, dar nueva formación a los trabajadores de prisiones en materia de interacción con reclusos en situación de crisis. La consellera, Lourdes Ciuró, ha defendido los cambios a la comisión de Justícia del Parlament, donde también ha abordado el aumento de los suicidios en las prisiones: 11 internos se quitaron la vida en el 2020 y en el 2021. La media de años anteriores era de 7 anuales.

La consellera Ciuró ha explicado que desde la implementación del nuevo protocolo de contención en mayo de 2021 habían recibido numerosas quejas de los funcionarios que lo aplicaban. De hecho eso motivó que un mes después se enviara a los centros penitenciarios una aclaración de cómo tenía que ser la aplicación.

Cambios en la circular

El nuevo documento, ha explicado a la consellera, busca el mismo objetivo que el anterior: la contención 0. "Evitar al máximo que tenga que haber contenciones verbales pero también, y sobre todo, las físicas", ha señalado después de reconocer la preocupación por este aumento del 31% de las agresiones a los trabajadores de prisiones desde la puesta en marcha del protocolo.

Para conseguirlo se dará una formación específica a los funcionarios para confrontar situaciones de agresividad con los internos. Además, se harán más exámenes médicos. Hasta ahora se hacían cuando se tenía que reducir a un recluso por alguna cuestión médica, como un brote de epilepsia, y de ahora en adelante se hará en cualquier contención regimental.

En el mismo sentido ha explicado que se tenía que enmendar un error del protocolo vigente: la previsión de un proyecto piloto en Brians con una sala almohadillada para presos con brotes violentos. El problema es que no se ha podido licitar la contratación de esta sala porque el departamento sólo encontró una empresa irlandesa que podía hacerlo que no tenía sede en Cataluña ni en España y eso imposibilitaba hacer un expediente de contratación pública. De momento queda el proyecto aparcado.

Ciuró ha explicado que invitaron a varios agentes a participar en el proceso de modificación de la circular -el Síndic de Greuges, los sindicatos de trabajadores de prisiones y varias entidades de derechos humanos- pero ha matizado que algunas de las entidades pidieron audiencia a la conselleria cuando ya se había agotado el plazo de un mes para hacer propuestas. También ha precisado que la entrada en vigor estaba prevista para el pasado mes de enero pero que varias bajas laborales por la covid en el departamento han ralentizado el proceso de redacción. Ha añadido que la entrada en vigor definitiva será en abril porque hace falta un tiempo por formar a los nueve centros penitenciarios de Cataluña en la implementación de las nuevas líneas de actuación.

Incremento de los suicidios

Pero la sesión de este jueves a la comisión respondía a la petición del grupo parlamentario d'En Comú Podem de abordar la problemática de los suicidios en las prisiones catalanas. La consellera ha reconocido que los dos últimos años han supuesto un repunte en la tasa de internos que se quitan la vida: en el 2020 y en el 2021 fueron 11 cada año, mientras la media desde el 2010 era de 7 al año. Ciuró lo ha atribuido a las restricciones de la covid, a la "suspensión de las comunicaciones familiares presenciales, las salidas de permiso o la disminución de las actividades grupales". Al mismo tiempo ha añadido que a menudo los condenados que entran en la prisión arrastran enfermedades mentales "no diagnosticadas" y eso dificulta que se activen los protocolos de prevención de suicidio.

En este sentido ha reivindicado el acuerdo alcanzado con el Departament de Salut esta semana por el cual se refuerza la atención de salud mental a las instituciones penitenciarias. "Eso permitirá hacer un seguimiento más extenso de las personas vulnerables o con enfermedades mentales". La consellera ha detallado más cifras al respecto de los suicidios en las prisiones: el año pasado 467 internos fueron sometidos al protocolo de suicidios y los funcionarios penitenciarios frustraron 152 tentativas de quitarse la vida.