Nuevo paso en memoria democrática

La comisión constitucional del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley de Memoria Democrática con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Bildu frente al “no” del PP, Vox y Ciudadanos. ERC y Junts optaron por la abstención porque ven avances tras las últimos cambios introducidos, pero les siguen pareciendo insuficiente. Esta ley, que supone una profundización en la ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en el Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en “la nevera” al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante.

Tras la aprobación de ayer, el Gobierno aclaró que la ley solo llegará hasta 1978, aunque se constituirá una comisión técnica de estudio que analizará vulneraciones de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia” desde 1978 hasta finales de 1983, después de que Bildu abriera la puerta a que se incluyeran a víctimas de guerra sucia o de torturas. En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales que finalmente se reconocerán como ilegales.

Con Más País, y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que declara “ilegal” el régimen franquista y reconoce expresamente que “las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos” alumbraron la democracia. Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la “represión y persecución” cultural y lingüística del franquismo, declarando “víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega”. Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil.

Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares.