El aborto, en la sanidad pública

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de reforma de la ley del Aborto, que ha enviado a las Cortes y cuyo objetivo es blindar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. Pero también regula otros derechos sexuales y reproductivos, como las incapacidades temporales por reglas dolorosas desde el primer día por la Seguridad Social y el fin del consentimiento paterno para las jóvenes de 16 y 17 años que quieran abortar. Uno de los ejes de la ley es que la sanidad pública sea la red de referencia para abortar.

Para ello, se creará un registro de profesionales objetores de conciencia y se garantizará que al menos haya uno que practique abortos. Recoge que los centros deberán estar lo más cerca posible a su domicilio en función del método que elijan. En el caso de las comarcas leridanas, las entidades están a la espera de si esta ley puede llevarse a cabo.

Actualmente, solo en Lleida ciudad existe un centro acreditado para practicar abortos voluntarios de forma quirúrgica, Mi NovAliança, y es concertado. En el Pirineo, hay cuatro centros acreditados pero solo para el método farmacológico en el Hospital Comarcal del Pallars, en el de la Cerdanya, así como el hospital de La Seu y el de Vielha. En todos estos centros, las interrupciones son hasta la semana 9.

Al respecto, entidades leridanas en defensa de los derechos de las mujeres exigen un presupuesto que permita desplegar la ley y velar por su cumplimiento y se garantice un acceso gratuito y de proximidad en todo el territorio. Asimismo, la ley elimina los tres días de reflexión y contempla el derecho a la incapacidad temporal en la semana 39 del embarazo y también por aborto. El proyecto amplía el acceso gratuito de la píldora del día después (en Catalunya ya lo era en centros de atención primaria y de derechos reproductivos) y los anticonceptivos de última generación volverán a estar cubiertos por la Seguridad Social, tras dejar de financiarlas en 2013.

La educación sexual estará presente de forma obligatoria en todas las etapas desde la primera infancia para que los menores conozcan mejor sus cuerpos, las relaciones se basen en el consentimiento y se prevengan enfermedades de transmisión sexual. Asimismo, la ley considera que la gestación subrogada es una forma de violencia contra las mujeres. Quedan fuera de la reforma la reducción del IVA para los productos de higiene femenina y no se garantiza el acceso al aborto sin tarjeta sanitaria.

“Hace compatible el derecho de objeción con el del aborto”

La ministra de Igualdad, Irene Montero, señaló que la reforma “hace compatible el derecho de objeción con el de todas las mujeres a interrumpir su embarazo, si esa es su decisión”. Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, criticó la nueva ley porque, a su juicio, niega “la información y la reflexión”, “todo un síntoma de una manera de gobernar”. Dijo que abortar “nunca es un derecho”.

Mientras, las asociaciones feministas pidieron aprovechar la tramitación parlamentaria para sancionar la práctica de la gestación subrogada por parte de parejas españolas.