Los bancos tendrán que garantizar el acceso presencial a sus servicios en los municipios de más de 500 habitantes
El gobierno español y las patronales bancarias llegan a un acuerdo que beneficiará a 243 pueblos de todo el Estado
Imagen de una persona sacando dinero de un cajero automático.
Los bancos tendrán que garantizar el acceso presencial a sus servicios en los municipios de todo el Estado de más de 500 habitantes. Así lo han acordado este viernes el gobierno español y las patronales bancarias, que han fijado un plazo máximo de seis meses para tener instalado al menos un punto de acceso presencial –oficinas bancarias, cajeros automáticos, agentes financieros u oficinas móviles- en los 243 municipios que actualmente no tienen. El acuerdo también establece que en los pueblos de menos de 500 habitantes se tendrán que facilitar "soluciones alternativas" que permitan el acceso a efectivo. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño ha asegurado que la medida favorecerá la lucha contra la despoblación y al equilibrio territorial.
La provisión del servicio se garantizará a través de la colaboración público-privada. Asimismo, el gobierno español ha asegurado que se articulará "con pleno respeto" a la normativa de la competencia. El acuerdo de este viernes actualiza el 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca', firmado en julio de 2021.
El gobierno español calcula que actualmente existen 600.000 personas que residen en 3.230 municipios que no disponen de acceso presencial a los servicios bancarios.
Municipios de más de 500 habitantes
En el caso de los municipios de más de 500 habitantes, el acuerdo establece que debe instalarse al menos un punto de acceso en las modalidades de oficina bancaria, cajero automático, oficinas móviles o agentes financieros. Para facilitar la instalación, el pacto indica que se podrá ceder espacios públicos.
Las entidades disponen de un plazo de seis meses para tenerlo a punto. En caso de que transcurra este plazo y no haya ningún punto de acceso instalado, se dispondrá de otros seis meses, en los que las patronales bancarias se han comprometido a instalar un cajero genérico –que deberá ser gestionado por un operador específico-, que permitirá la retirada de efectivo. Calviño ha definido el cajero genérico como un "cajero de marca blanca".
Pueblos de menos de 500 habitantes
En los pueblos de menos de 500 habitantes -2.987 municipios, en los que vive el 0,99% de la población-, el acuerdo establece que deberá garantizarse el acceso a efectivo. Entre las alternativas, se establece la opción de los carteros rurales o las fórmulas de 'cash back' o 'cash-in-shop' (alianzas entre los bancos y establecimientos físicos que permiten la retirada o el ingreso de dinero en efectivo en tiendas, supermercados, ayuntamientos, gasolineras o puntos de venta de loterías, entre otros). Todo ello se complementará con el desarrollo de acciones formativas dirigidas a facilitar el uso del nuevo servicio y el acceso a la banca electrónica y la atención telefónica, que correrán a cargo de las entidades financieras.
El texto firmado también detalla que las entidades que se planteen cerrar el único punto de acceso a efecto en estos municipios en riesgo de exclusión financiera deberán comunicarlo a sus clientes, como mínimo, cuatro meses antes. Todo ello lo revisará un "experto independiente", que realizará un seguimiento de las medidas que se vayan implementando en el marco del protocolo.
El acuerdo lo han firmado el gobierno español con la Asociación Española de la Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Española de Cooperativas de Crédito (Unaccc).
