Los Mossos crean una unidad y dos protocolos para los desahucios y las ocupaciones
La policía catalana mantiene la intervención de las unidades de orden público sólo en caso de última necesidad
El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, durante la rueda de prensa sobre los protocolos para desahucios.
Los Mossos d'Esquadra han creado una Unidad Central de Intervención en Conflictos de Vivienda y han aprobado dos protocolos internos para abordar y homogeneizar las intervenciones policiales en casos de desahucios y ocupaciones. Los nuevos protocolos contemplan mantener la intervención de las unidades de orden público en situaciones "de última necesidad". Así lo ha asegurado el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, en rueda de prensa con el comisario jefe, Eduard Sallent, donde han explicado que los máximos responsables de los dispositivos serán los jefes de las áreas básicas policiales, que tendrán que seguir unos criterios unificados por toda Catalunya.
Elena ha explicado que hasta ahora no existía un protocolo claro y tampoco tiene conocimiento que otros cuerpos policiales tuvieran. Los dos procedimientos normalizados de trabajo, que es como se llaman los protocolos, abordarán las ocupaciones y los desahucios y han sido avalados por la Fiscalía Superior de Catalunya. Tendrán en cuenta si se trata de ocupaciones flagrantes, que son delictivas, o de desahucios de familias vulnerables. El conseller ha recordado que entre 2016 y 2022 se han hecho más 73.700 desahucios en Catalunya, sólo el 20%, unos 15.000, han requerido presencia policial, y sólo 601 han requerido la intervención de los antidisturbios, el 0,8% del total.
En todo caso, Elena y Sallent han querido diferenciar claramente entre las familias vulnerables que no pueden pagar el alquiler, de aquellas que pagan a una mafia para que les busque un piso donde vivir. También se tendrá en cuenta si la vivienda ocupada es residencia habitual o no, pero han asegurado que los casos de viviendas habituales ocupadas son muy poco habituales, un "mito muy residual", y que normalmente se dan por equivocación, ha explicado Sallent.
En este sentido, ha explicado que la estandarización de los protocolos será positiva para todo el mundo, porque primeramente dará seguridad jurídica a los agentes intervinientes. Cuando un juez ordene un desahucio de una familia vulnerable la Comisaría General de Información evaluará el posible riesgo de incidentes y los calificará en una escala de tres grados: ninguna protesta, protesta pacífica y protesta con riesgo para personas y bienes. En estos supuestos, las unidades de orden público no intervendrán de oficio a no ser que sean requeridas por la autoridad judicial competente o cuando el jefe del dispositivo, o los mandos superiores, valoren que en el entorno del desalojo se pueden producir riesgos graves para la seguridad de las personas y los bienes, acciones que puedan comprometer el orden público o acciones que dificulten o impidan la ejecución de la orden judicial.
La intervención policial también será proporcional y gradual, empezando por los equipos de mediación, continuando con los agentes de seguridad ciudadana y acabando, sólo si es necesario, por los agentes de orden público del ARRO o la Brimo.
Los protocolos también pretenden mejorar la calidad de los atestados, a fin de que los jueces y la fiscalía puedan valorar mejor el tipo de actuación. Igualmente, los Mossos contactarán con los servicios sociales para saber si tienen conocimiento del desahucio, aunque la obligación de hacerlo es de los juzgados. Los protocolos han sido acordados con la fiscalía, pero no con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que interviene en un protocolo más genérico, ha explicado el conseller.
Sallent ha justificado los protocolos porque la policía tiene que tener en cuenta el equilibrio de derechos que hay entre el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad y el delito flagrante de usurpación o allanamiento de morada. En este sentido, Elena ha pedido penas de prisión más duras para los que directamente entren en domicilios que no son suyos. Así, Sallent ha explicado que en caso de que se detecte un salto de alarma, que se están haciendo los actos preparatorios para entrar en un domicilio o que los vecinos alertan de la entrada, los agentes podrán actuar sin orden judicial previa. El comisario jefe ha explicado que el límite de 48 horas para desalojar una vivienda recientemente ocupada es un mito, y no está fijado legalmente. No obstante, ha dicho que el propietario tendría que denunciar la ocupación para facilitar y acelerar la actuación policial.
La nueva unidad central estará adscrita al área técnica de seguridad ciudadana de los Mossos, y estará formada por un cabo y tres agentes. Hará trabajo básicamente de análisis y dará pautas a las ABP, que serán las encargadas de decidir el dispositivo concreto de cada caso. Esta nueva unidad central hará cambiar la actitud del cuerpo policial ante los desahucios, han explicado. Si hasta ahora la actuación siempre era reactiva, ahora se hará un análisis previo para conocer el fenómeno de las ocupaciones y los desahucios.
Preguntados por si cambiarán los casos donde sí que actúan la ARRO o la Brimo, Elena y Sallent han recordado que los Mossos actúan como policía judicial y tienen que ser fiables. Priorizarán la responsabilidad social, pero han advertido que tendrán que cumplir la ley y las decisiones judiciales. Así, Elena ha asegurado que la actuación de las unidades de orden público no será diferente al actual y no cambia el pacto con la CUP al inicio de la legislatura. "Todas las unidades del cuerpo se utilizan en función de su necesidad, como los Tedax, el canino o los de subsuelo", ha afirmado a Elena. El comisario jefe ha asegurado que la ARRO y la Brimo no están pensadas para desahuciar, pero se utilizan en caso de necesidad cuando hay movilizaciones que pueden poner en riesgo personas o bienes.
