Sin casa por culpa de la 'okupación'

El ministerio del Interior señala que en el conjunto del Estado se acumulan un total de 3.646 denuncias por okupaciones de viviendas que estaban habitadas y en uso. Una cifra que en el caso de la provincia de Lleida, según los datos que proporcionada en una respuesta parlamentaria, son 25 casos en el último año y medio. Concretamente, en 2021 se registraron 17 casos de okupaciones de pisos habitados en las comarcas leridanas mientras que entre enero y julio de lo que va de 2022 hubo otras ocho denuncias por este tipo de delito.

En Catalunya, son un total de 259. El ministerio señala que el término genérico de “ocupación de inmuebles” incluye diferentes tipos de delitos del Código Penal. Por un lado, el allanamiento de morada (artículo 202), unos casos ante los que las fuerzas de seguridad, remarca, actúan “de forma urgente y perentoria, desalojando las viviendas de inmediato” siempre que tengan permiso del morador y éste haya presentado denuncia”.

Por otro lado, reseña, el artículo 245 es el relativo a la usurpación de inmuebles “sea con violencia o no, y sean residenciales o no”. Aquí, añade, el proceder de los agentes está sujeto a una orden judicial de desalojo y a la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad. En la misma respuesta, Interior afirma que las denuncias por okupación han bajado entre un 7% y un 10% este año.

En cualquier caso, apunta, respecto a los datos ofrecidos, que hay que tener en cuenta que en el Sistema Estadístico de Criminalidad el campo relativo al uso de la vivienda no es de cumplimentación obligatoria, “por lo que estas cifras pueden no coincidir con los datos disponibles de totales de viviendas ocupadas”.Asimismo, señala como causas del incremento de este tipo de delitos el “elevado” número de inmuebles vacíos y de personas que pierden su morada por deudas o pérdida de empleo, por la situación económica derivada de la pandemia de la Covid así como por los efectivos de la invasión rusa de Ucrania. Por su parte, el departamento de Interior y los Mossos d’ Esquadra anunciaron hace unos días un plan que incluye la creación de una unidad específica en desalojos y desahucios para primar la mediación, con actuaciones específicas en los casos de colectivos vulnerables. El número de desahucios en Lleida en el segundo trimestre de este año alcanzó los 122, un 20% menos que en el mismo periodo de 2021, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Pisos para 20 jóvenes en riesgo gracias a la masovería

La masovería urbana ha ido ganando peso en Lleida en los últimos años como alternativa para acceder a la vivienda. Además de dar respuesta a la falta de oferta y precios asequibles, esta fórmula también ayuda a los propietarios a rehabilitar viviendas y evita la degradación de los barrios. Los pioneros en este ámbito en Lleida son Obrint Pas, una cooperativa que ayuda a encontrar piso a jóvenes de hasta 30 años en riesgo de exclusión social.

Hasta ahora ya han rehabilitado cinco viviendas donde viven un total de 20 personas y otras 30 se encuentra en lista de espera. Según los responsables de la cooperativa, Èric Morros y Ferran Lladonosa, están trabajando en la rehabilitación de tres nuevos inmuebles, uno en Lleida y dos en Igualada. Los pisos están cedidos por la Paeria, pero también por particulares.

El consistorio señala estar “comprometido” con la masovería urbana, por lo que quiere seguir cediendo nuevos pisos en un futuro.