Justicia trabaja en reformar la ley del 'solo sí es sí' pero aún sin borrador
Igualdad presenta un plan de urgencia para proteger a las víctimas de violencia sexual e implementar la norma
El Ministerio de Justicia trabaja en la reforma de la ley del sólo sí es sí "desde el punto de vista técnico y de manera rigurosa", pero asegura que no cuenta aún con ninguna propuesta definitiva ni borrador. Fuentes de Justicia han señalado a la agencia EFE que, aunque la ministra Pilar Llop ya admitió hace unas semanas que la ley estaba teniendo efectos indeseados, no hay por el momento ningún documento sobre la mesa que se pueda analizar en el seno del Gobierno de coalición.
Moncloa ha reconocido este fin de semana la necesidad de reformar la ley de garantía integral de la libertad sexual para revertir la rebaja de condenas a agresores sexuales, si bien el Ministerio de Igualdad ha advertido de que ningún cambio penal puede frenar las revisiones de condenas, puesto que son consecuencia "de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley". Desde el Ejecutivo aseguran que los dos partidos del Gobierno de coalición, "con plena sintonía", son conscientes de los efectos indeseados generados por la aplicación de la ley, con la revisión de condena a agresores sexuales, y quieren contribuir juntos a resolverla. Abordar con responsabilidad esta situación, inciden desde Moncloa, requiere detenimiento, porque es compleja. "Justicia sigue trabajando desde el punto de vista técnico y de manera rigurosa", señalan desde el departamento que dirige Llop, aunque añaden que no tienen "ninguna propuesta definitiva ni borrador".
Igualdad no ve la reforma penal una solución a las revisiones de la ley solo sí es sí e insiste en errores de aplicación
El Ministerio de Igualdad no cree que una reforma penal sea la solución para frenar las revisiones de penas a violadores que está provocando la Ley del 'solo sí es sí' y considera que esta situación es consecuencia de una incorrecta aplicación del derecho transitorio de la propia ley, según han explicado a Europa Press fuentes del departamento. Las mismas fuentes apuntan que, los expertos en la materia y el Gobierno de coalición comparten esta postura y, por eso, Igualdad ha propuesto como solución posible un Plan de medidas para la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres, tal y como, según han apuntado, se hizo para la aplicación de la ley contra la violencia de género aprobada en 2004.
Entre las medidas que recoge este Plan, que llaman a poner en marcha de manera urgente, está doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual; reforzar la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliar sus competencias a las violencias sexuales; garantizar la asistencia jurídica gratuita a las victimas e incluirlas en el Servicio de Atenpro desde 2023; reforzar las unidades de valoración forense integral; o hacer formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de justicia e Interior así como de la Educación y de la Sanidad.
Del mismo modo, recoge la necesidad de implementar las ayudas a víctimas de violencias sexuales; de crear el servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema nacional de Salud para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo; de incrementar el número de agentes que Interior dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia contra las mujeres ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual; o implementando los puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas.
Fuentes de Igualdad señalan que el Ministerio ve imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas.