Derecho al aborto afianzado

El Congreso dio ayer luz verde de forma definitiva a la reforma de la ley del aborto, que acaba con la necesidad de contar con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años y consagra la red pública como referente a la hora de practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Con 185 votos a favor, 154 en contra y tres abstenciones de diputados del PdeCAT, la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntariadel embarazo salió adelante con la oposición de PP y Vox y en medio de la polémica por la resolución del Tribunal Constitucional, que ha avalado la ley de plazos de 2010 recurrida por el PP, con lo que el aborto seguirá siendo libre durante las primeras 14 semanas de gestación. La ministra de Igualdad, Irene Montero, que celebró el apoyo de “la mayoría feminista” del Congreso a esta reforma, alertó de que habrá resistencias a la hora de aplicar la ley, “tal y como ha ocurrido en todas las normas feministas”.

Por eso, señaló que ahora toca trabajar con las comunidades autónomas, los centros sanitarios y las administraciones para garantizar que en todos los hospitales públicos haya personal suficiente para realizar abortos, respetando el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios. El texto recoge la creación de un registro de objetores de conciencia y elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de tres días. Asimismo, con esta reforma, España reconoce por primera vez a las mujeres el derecho a una baja laboral por una menstruación dolorosa e incapacitante.

La nueva ley, además, se propone combatir la pobreza menstrual y apuesta por la gratuidad de los productos de higiene en centros educativos, prisiones y centros sociales para mujeres.

Luz verde a la ley trans con autodeterminación de género a los 16 años

La ley trans, que reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años, se aprobó ayer en el Congreso pese a las discrepancias entre los socios de Gobierno y después de superar importantes escollos, como la oposición de parte del movimiento feminista. La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, una de las leyes estrella del ministerio de Igualdad de Irene Montero, elimina la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas como requisitos para aquellas personas que soliciten el cambio de sexo en el Registro Civil, que ahora podrá autorizarse solo con la voluntad libremente expresada del solicitante si tiene más de 16 años.

Los menores de entre 16 y 14 años podrán cambiar su sexo en el registro siempre que acudan acompañados de sus padres o tutores legales, mientras que entre los 12 y 14 años necesitarán autorización judicial. En cambio, los menores de 12 años no podrán cambiar su sexo en el registro, pero sí su nombre el DNI. Según la nueva ley, se prohíben las terapias de conversión mientras que las lesbianas, bisexuales y las personas trans con capacidad de gestar tendrán garantizado el acceso a técnicas de reproducción asistida.

Asimismo, se creará un régimen de infracciones frente a actos de discriminación a personas LGTBI, con sanciones de hasta 150.000 euros para casos muy graves. La ley deja fuera a las las personas no binarias, que no se sienten ni hombres ni mujeres y que reclamaban una tercera casilla en los documentos oficiales. Asimismo, los hombres que cambien su sexo no eludirán las condenas por violencia machista.