Más ocupación pero más pobreza entre los leridanos

“El trabajo hoy en día y es una garantía de integración social. Hay población que no tiene acceso a un lugar de trabajo y otras personas que, a pesar de tener ocupación, se encuentran en situación de pobreza”. Así lo aseguró el director de Càritas Diocesana de Lleida, Rafael Allepuz, en la presentación del balance de 2022 de las tres diócesis leridanas.

Una situación que resumieron con la palabra “inquietud”. Y es que el año pasado las entidades se vieron obligadas a incrementar su presupuesto en ayudas ante el aumento de las personas que acudían en busca de ayuda. Así, en la provincia de Lleida se atendieron a 7.413 personas de forma directa, 286 más que en 2021, cuando fueron 7.127.

En consecuencia, Càritas Lleida, Solsona y Urgell destinaron 7.184.653 euros en ayudas, medio millón más respecto dos años atrás. “Tanto las personas como el dinero destinado por Càritas va aumentando. Si realizamos una comparativa con los últimos tres años veremos que las personas beneficiarias se ha incrementado en un 9% y los recursos económicos, en un 30% desde 2020 hasta 2022.

Esta retrospectiva nos muestra que la sociedad se mantiene en un sufrimiento constante”, lamentó la secretaria general de Càritas Diocesana Lleida, María José Rosell. Añadió que, de los más de 7.000 usuarios, el 20% se encontraban en situación de pobreza pese a estar empleados y que aproximadamente el 73% de las demandas estuvieron relacionadas con la vivienda y la alimentación. “Los precios de los suministros y los productos de primera necesidad están aún muy por encima del año 2020 y 2021.

Si los ingresos que perciben no se equiparan a este incremento, se produce una pérdida de poder adquisitivo y esto ha hecho que muchas familias hayan tenido que cambiar sus estrategias de consumo y renunciar a ciertas cosas”, aseguró Allepuz. Respecto a la ocupación, las tres Càritas generaron 106 puestos de trabajo en la provincia gracias a la colaboración de las empresas de inserción aliadas, 13 más que en 2021. Por su parte, Rosell destacó que en 2022 hubo un aumento de demanda en los programas de formación, orientación laboral y asesoramiento jurídico.

“Esta situación confirma que la población se siente desorientada, indefensa y no sabe cómo revertir las situaciones de precariedad que persisten desde hace mucho tiempo”, aseguró.