Cinco personas recibieron la eutanasia en Lleida en 2022
Las solicitudes en el conjunto de Catalunya tuvieron un tiempo de resolución de 42 días por término medio
Vista aérea de parte de la ciudad de Lleida.
Un total de 175 personas pidieron que se les aplicara la eutanasia en 2022 en Catalunya y se acabó aplicando a 91, cinco de las cuales en el llano de Lleida y en el Pirineo. Son datos facilitados por el Departamento de Salud de la Generalitat coincidiendo con el segundo aniversario de la aplicación de la ley. De las personas que la pidieron, 55 murieron antes de concluir el procedimiento, 12 solicitudes se informaron desfavorablemente, 3 se aplazaron, 1 se revocó y 13 más continuaban los trámites por verificar los requisitos necesarios (en fecha 31 de diciembre del 2022). Por término medio, las solicitudes tuvieron un tiempo de resolución de 42 días.
El Departamento de Salud y la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya (el órgano independiente que garantiza la correcta aplicación de la ley) consideran que la ley se está ejecutando de manera satisfactoria y da respuesta a una necesidad social largamente demandada.
Por regiones sanitarias, casi 7 de cada 10 prestaciones se produjeron en Barcelona, concretamente el 67% (61 eutanasias). En Girona se hicieron 15; en Tarragona, 5, en la Catalunya Central y en Lleida se aplicaron 4 eutanasias, y en el Ebre y en el Alt Pirineu i Aran, una.
El 59% de los 175 solicitantes de la eutanasia eran hombres. La mayoría de peticiones que recibió la comisión procedían de la atención primaria (114), seguidas de los hospitales (51), los sociosanitarios (8) y las residencias (2). Las personas que lo pidieron sufrían mayoritariamente patologías neurológicas (un 36%) u oncológicas (34,85%). A más distancias estan las personas con un contexto de multimorbilidad y fragilidad avanzada, y las enfermedades respiratorias.
La mayoría de las personas que recibieron la eutanasia sufrían enfermedades de años de evolución que afectaban en mayor o menor grado a su autonomía funcional y les ocasionaban una alta dependencia, que hacía necesaria la asistencia de otras personas para la higiene, la alimentación y otras actividades básicas de la vida diaria. Además, en ocasiones su capacidad de relación y comunicación también estaba gravemente afectada. El número de profesionales sanitarios que se han acogido a la objeción de conciencia y se han inscrito en el registro correspondiente no ha dificultado la prestación de la eutanasia.
