Ayudas para víctimas de la talidomida

El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy un decreto de ayudas económicas para 130 personas víctimas de la talidomida, un fármaco que se comercializó en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado como calmante de las náuseas en los primeros meses de embarazo y que provocó miles de casos de malformaciones en los fetos. Según explicaron fuentes del ministerio de Derechos Sociales, esta medida busca “hacer justicia” con los afectados en España, “uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo, y regula para ello una serie de ayudas económicas”. Para ello, establece una serie de ayudas que recibirán 130 personas, tras la evaluación llevada a cabo por parte del Instituto Carlos III de Madrid, la entidad sanitaria que se ha encargado de analizar los casos y calcular los importes a percibir en función del grado de discapacidad sufrido como consecuencia de la exposición al medicamento.Por ejemplo, para una persona con un 33% de discapacidad, la prestación ascenderá a 396.000 euros en un pago único, a razón de 12.000 euros por cada punto fijado en el protocolo, y según fue establecido en una disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Las ayudas podrán solicitarse desde la publicación del Real Decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del ministerio de Derechos Sociales.

«Lo más importante es un perdón público»

La Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (AVITE), de la que forman parte dos leridanos, reclama que las ayudas no tengan que tributar a Hacienda por hasta la mitad del importe. La asociación, que llevaba décadas reclamando una compensación, realizó alegaciones al decreto dentro del periodo de consulta pública, pero no ha recibido confirmación por parte de Derechos Sociales de si se incluirán sus reclamaciones finalmente en el texto final.

Por ello, ayer evitaron realizar una valoración formal sobre el decreto, hasta que tengan más información una vez sea publicado en el BOE. Aun así, reconocen que el texto sería insatisfactorio si no recoge, al menos, dos cuestiones: el perdón público del Gobierno a las víctimas por las décadas de retraso y la eliminación de la obligación de tributar las ayudas, ya que supondría pagar a Hacienda el 50% de lo recibido.