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Piscinas comunitarias también deben permitir hacer toples

El Govern trabaja con los administradores de fincas para evitar discriminaciones

Imagen de bañistas en las piscinas municipales de Balàfia, el pasado 26 de junio.

Imagen de bañistas en las piscinas municipales de Balàfia, el pasado 26 de junio.AMADO FORROLLA

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El Govern está trabajando para extender el derecho a hacer toples a las piscinas comunitarias a través de los administradores de fincas, que serán los que deberán garantizar que no haya casos de discriminación. Así lo anunció ayer la consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, en la presentación de la campaña La meva piscina no discrimina. “La ley se aplica a todos y las que garantizan la igualdad no son recomendaciones”, dijo Verge.

El objetivo final no es solo sancionar las malas prácticas (los usuarios pueden denunciar los incumplimientos) sino sobre todo “erradicar las discriminaciones”. Aprovechando que hace pocas semanas se han constituido los nuevos ayuntamientos, Igualdad ha puesto en marcha una campaña informativa con ilustraciones de Javiroyo en la que se recuerdan los derechos de los usuarios de las piscinas públicas y comunitarias. Así, ninguna instalación puede prohibir hacer toples, amamantar o cualquier otra situación discriminatoria, como limitar el acceso con trajes de baño integrales o impedir la entrada a una persona por su origen o etnia.

La idea es que no solo las piscinas sino también las ordenanzas municipales se actualicen con la ley vigente. En este sentido, la consellera de Igualdad recordó que ningún ayuntamiento puede aplicar normas municipales que no se adecuen a la Ley 19/2020 de igualdad de trato y no discriminación. En el caso de las piscinas comunitarias, también se ha empezado a trabajar con los colegios de administradores de fincas de Catalunya para garantizar que la normativa también se cumpla en estos espacios privados.

Sanciones para los infractores

La Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación, creada en marzo de 2022, tiene capacidad sancionadora en caso de infracciones por motivo de género, color de piel, religión y otros. Las sanciones van desde los 300 hasta los 500.000 euros, dependiendo de la gravedad. Aun así, la consellera Tània Verge remarcó que el objetivo final no es poner multas sino “impulsar cambios sociales y culturales para erradicar las discriminaciones y dejar de naturalizarlas”.

Para ello, dijo que hay que trabajar conjuntamente con los actores públicos y privados.

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