Arantxa Sánchez Vicario culpa a su exmarido de esconder todo su patrimonio para que no le embargaran

La extenista Arantxa Sánchez Vicario ha culpado este martes a su exmarido, Josep Santacana, de haber escondido todo su patrimonio para evitar que le embargaran a causa de una deuda bancaria. En la primera sesión del juicio por alzamiento de bienes contra los dos y cuatro supuestos testaferros, la exdeportista ha admitido los hechos pero ha dicho que era Santacana quien gestionaba su patrimonio y quien decidió esconderlo para que no le embargaran. Después de ser condenada por una deuda con Hacienda, un banco de Luxemburgo que la había avalado le reclamó el dinero, pero la deportista y su pareja vendieron numerosa propiedad inmobiliaria a empresas suyas ubicadas en el extranjero.

La deuda de Arantxa Sánchez Vicario con la Agencia Tributaria fue avalada y pagada por un banco español, que al mismo tiempo recibió, en abril y en octubre del 2010, un total de 5,2 millones de euros de un banco de Luxemburgo, que al mismo tiempo le pidió el dinero a la extenista. Al no cobrar, este segundo banco interpuso una demanda en marzo del 2011 contra la deportista, que acabó con una sentencia de un juzgado de Esplugues de Llobregat, en septiembre del 2013, que condenaba a Sánchez Vicario a pagar la deuda. La jugadora no pagó y un auto de enero del 2014 hizo ejecutar la sentencia por valor de 7,5 millones de euros, teniendo en cuenta los intereses.

Según la fiscalía, para evitar el embargo de cuentas y propiedades, Sánchez Vicario y su entonces marido, Josep Santacana, junto con otras cinco personas, idearon un plan para descapitalizarse y frustrar la ejecución de la sentencia. Vaciaron todas las cuentas bancarias, desaparecieron todas las cantidades que había cobrado en procedimientos judiciales contra sus padres y otras personas, e incluso el dinero cobrado, algunos de forma opaca, de parte de medios de comunicación o en concepto de derechos de autor de un libro del 2010.

Santacana administraba varias sociedades propiedad del extenista, empresas que básicamente gestionaban patrimonio inmobiliario. El matrimonio decidió traspasar una veintena de viviendas, plazas de aparcamiento, terrenos y locales situados en varios puntos de Cataluña como Bellver de Cerdanya, Sant Feliu de Guíxols, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Sitges, Sant Cugat del Vallès, Barcelona o Premià de Mar, y también Formentera. Les propiedades pasaron a una sociedad uruguaya. Los otros cinco acusados actuaron como testaferros o mediadores en estas sociedades y facilitaron el traspaso de las propiedades a otras empresas fuera de España.

Por todo eso, la fiscalía pide inicialmente cuatro años de prisión y 8.640 euros de multa para la extenista y su exmarido por alzamiento de bienes e insolvencia punible, tres años y medio de prisión y 7.560 euros de multa para otros cuatro investigados como cooperadores necesarios, y dos años y nueve meses de prisión y 7.200 euros de multa para el quinto investigado. Además, Sánchez Vicario y su pareja tendrían que indemnizar conjuntamente al banco con 6,1 millones de euros. Los otros cuatro acusados tendrían que indemnizar a la entidad bancaria con un total de 12,3 millones de euros. También las siete empresas relacionadas con los hechos tendrían que indemnizar al banco, como responsables civiles subsidiarias, con un total de cerca de 11 millones de euros.