Asesores de Arantxa Sánchez Vicario dicen que la extenista tenía conocimiento de las operaciones patrimoniales

Algunos de los asesores, administradores y testaferros de las sociedades de la extenista Arantxa Sánchez Vicario han asegurado este miércoles que la exdeportista conocía los movimientos de su patrimonio, aunque el liderazgo y la gestión diarias las llevaban su padre hasta en el 2009 y su exmarido, Josep Santacana, desde entonces. Lo han dicho en la segunda jornada del juicio contra la pareja y cuatro testaferros más por alzamiento de bienes. Mientras algunos han dicho que prácticamente sólo hablaban con Emilio Sánchez o Josep Santacana, otros sí que han revelado que Arantxa también asistía a algunas reuniones con asesores, tenía conocimiento de las operaciones e incluso había vetado alguna.

Según la fiscalía, la extenista y su expareja escondieron patrimonio para no tener que devolver 5,2 millones de euros de deuda al Banco de Luxemburgo, que había avalado a la jugadora de tenis por un pago a la Agencia Tributaria.

La deuda de Arantxa Sánchez Vicario con lo Agencia Tributaria fue avalado y pagado por un banco español, que al mismo tiempo recibió, en abril y en octubre del 2010, un total de 5,2 millones de euros de un banco de Luxemburgo, que al mismo tiempo le pidió el dinero a la extenista. Al no cobrar, este segundo banco interpuso una demanda civil en marzo del 2011 contra la deportista, que acabó con una sentencia de un juzgado de Esplugues de Llobregat, en septiembre del 2013, que condenaba a Sánchez Vicario a pagar la deuda. La jugadora no pagó y un auto de enero del 2014 hizo ejecutar la sentencia por valor de 7,5 millones de euros, teniendo en cuenta los intereses.

Según la fiscalía, para evitar el embargo de cuentas y propiedades, Sánchez Vicario y su entonces marido, Josep Santacana, junto con otras cinco personas, idearon un plan para descapitalizarse y frustrar la ejecución de la sentencia. Vaciaron todas las cuentas bancarias, desaparecieron todas las cantidades que había cobrado en procedimientos judiciales contra sus padres y otras personas, e incluso el dinero cobrado, algunos de forma opaca, de parte de medios de comunicación o en concepto de derechos de autor de un libro del 2010.

Santacana administraba varias sociedades propiedad de la extenista, empresas que básicamente gestionaban patrimonio inmobiliario. El matrimonio decidió traspasar una veintena de viviendas, plazas de aparcamiento, terrenos y locales situados en varios puntos de Cataluña como Bellver de Cerdanya, Sant Feliu de Guíxols, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Sitges, Sant Cugat del Vallès, Barcelona o Premià de Mar, y también Formentera. Les propiedades pasaron a una sociedad uruguaya. Los otros cinco acusados, uno de los cuales ya está muerto, actuaron como testaferros o mediadores en estas sociedades y facilitaron el traspaso de las propiedades a otras empresas fuera de España.

Por todo eso, la fiscalía pide inicialmente cuatro años de prisión y 8.640 euros de multa para la extenista y su exmarido por alzamiento de bienes e insolvencia punible, tres años y medio de prisión y 7.560 euros de multa para otros cuatro investigados como cooperadores necesarios, y dos años y nueve meses de prisión y 7.200 euros de multa para el quinto investigado. Además, Sánchez Vicario y su pareja tendrían que indemnizar conjuntamente al banco con 6,1 millones de euros. Los otros cuatro acusados tendrían que indemnizar a la entidad bancaria con un total de 12,3 millones de euros. También las siete empresas relacionadas con los hechos tendrían que indemnizar al banco, como responsables civiles subsidiarias, con un total de cerca de 11 millones de euros. No obstante, a raíz del pacto de Sánchez Vicario con el banco y el reconocimiento de los hechos, la fiscalía y el propio banco podrían rebajar sus peticiones de pena.