Barcelona aprueba un nuevo protocolo de actuación para las okupaciones de inmuebles propiedad del ayuntamiento

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado un protocolo para intervenir en casos de ocupación de inmuebles de propiedad municipal con el objetivo de agilizar los trámites ante entradas ilegales y "establecer unas pautas" para actuar "sin dilaciones". Se trata de un documento que dicta los pasos que los trabajadores municipales tienen que seguir ante una ocupación y que, al mismo tiempo, avisa de que no cumplirlos puede comportar responsabilidades "contables e incluso de carácter penal" para los gestores de los espacios públicos. El protocolo, que ha entrado en vigor este viernes, pretende unificar las indicaciones a fin de que los entes municipales actúen de manera "coordinada" a la hora de efectuar "las actuaciones necesarias para la defensa de los intereses municipales".

El texto aprobado por el gobierno del socialista Jaume Collboni dicta que es de aplicación en "todos los órganos y entidades dependientes del Ayuntamiento de Barcelona que tengan adscritos o encomendada la gestión de bienes inmuebles de titularidad municipal". Entre otras directrices, el texto obliga, una vez se tenga conocimiento de la ocupación, en el órgano que tenga adscritos bienes o que asuma su gestión "a velar con el fin de mantener y defender la integridad y el destino de todos los bienes que tiene bajo su custodia" y a realizar inmediatamente todas las actuaciones que sean necesarias con el fin de defender la integridad del patrimonio y de los intereses municipales".

Asimismo, el texto también obliga al órgano gestor a "requerir y reclamar a las personas ocupantes todos los daños y perjuicios que la ocupación haya podido producir". Aparte, el protocolo también exige a los órganos municipales, una vez confirmado la ocupación, que "identifiquen mediante las actuaciones que sean procedentes" a las personas que ocupan el inmueble, y que comprueben si la ocupación comporta una situación de "riesgo" tanto para los ocupantes como para el vecindario o el mismo inmueble. En la misma línea, el texto también obliga a "determinar y, si procede, cuantificar los daños al patrimonio y a la Hacienda municipal".

Más allá de establecer unas pautas comunes para todos los órganos, el protocolo indica que uno de los principales objetivos es "evitar que se consoliden situaciones de ocupaciones de bienes inmuebles sin título habilitante", dado que estos pueden constituir un riesgo para las mismas personas ocupantes, para el vecindario y para cualquier tercera persona". El protocolo también insta al ente gestor a "valorar la oportunidad" de una mediación con las personas ocupantes con el fin de facilitar la desocupación "inmediata" del bien y, si se acepta esta, el texto contempla la intervención de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. En caso de que "no se abandone voluntariamente el bien inmueble ocupado" protocolo dicta que con el fin de evitar la consolidación de estas situaciones, se tiene que proceder a la ejecución forzosa de este, previa autorización judicial si la situación así lo requiere.

Fuentes del Ayuntamiento han indicado que el protocolo sólo pretende "poner negro sobre blanco" lo que dicta la ley ante casos de ocupación de inmuebles municipales y que, en cualquier caso, el objetivo de su entrada en vigor es que "todos los trabajadores" responsables de la gestión de estas propiedades tengan claro como actuar. Asimismo, desde el consistorio insisten en que no se trata de inmuebles destinados a la vivienda, sino espacios, en desuso como pueden ser locales o almacenes.