Josep Maria Tamarit: «La Iglesia ha pagado a víctimas de abusos por su silencio»

El informe del Defensor habla de 450.000 abusos en España, 15 en Lleida. ¿Cree que estas cifras se deben a la relación privilegiada que la Iglesia católica tiene con el Estado desde hace décadas, sobre todo durante la dictadura? 

El informe no ha dado una cifra del total de casos de abusos. Esta cifra es el resultado del porcentaje de una muestra de 8.000 personas de más de 18 años residentes en España a las que se ha preguntado si han sufrido abusos sexuales durante su infancia en un entorno religioso, que ha resultado ser un 1,13 %. Si se cuenta los casos en que el abuso lo cometió un clérigo o religioso católico la cifra desciende a poco más de la mitad (un 0’6%). La muestra es representativa de la población y de ahí que pueda hacerse esta extrapolación, dentro de un cierto margen de error, pero siempre debe darse la cifra con cautela. Los 15 casos de Lleida son un dato diferente: son los casos de víctimas de las que ha llegado un testigo a la Unidad de Atención del Defensor del Pueblo, de un total de 487 de todo el Estado. Es difícil realizar comparaciones con otros países. Aunque se han realizado informes en muchos países europeos, son pocos los que han realizado encuestas a la población para determinar la prevalencia del fenómeno. Podemos comparar con Francia, en la que la Comisión Sauvé aportó en 2021 un número algo inferior al de España. Esto no debería sorprender si tenemos en cuenta que en España el número de niños en escuelas católicas ha sido mayor que en Francia en los años en los que se han detectado más casos de abusos. Pero en otros países más equiparables a España, como el caso de Irlanda, sabemos que el número de abusos fue muy elevado. El Informe Ryan desveló que en algunas instituciones habían llegado a tener un carácter endémico. En el caso de España, la Comisión tuvo claro que era muy importante determinar la prevalencia. Entre otras razones, porque al no poder acceder a la información de los archivos diocesanos no podíamos disponer de datos que nos habrían permitido realizar comparaciones con las de los informes de otros países, como las relativas al número de clérigos involucrados en casos de abusos.

Se habla de abusos, aunque según la última reforma penal quizá deberíamos hablar de agresiones sexuales. ¿Es así? 

El Código Penal ha suprimido la diferencia tipológica entre agresiones y abusos sexuales. De todas formas, el encargo del Congreso de Diputados se refería a abusos y éste es el concepto utilizado en general en el ámbito internacional para referirse al problema que nos han encargado estudiar. La cuestión conceptual la tratamos sobradamente en el informe y nos referimos, en términos amplios, a victimización sexual, pero no hemos querido encallarnos en la cuestión conceptual.

La Iglesia ha encargado otro informe a un despacho de abogados privado. ¿No es extraño que confíe más en un despacho privado que en un órgano constitucional como es el Defensor del Pueblo, del que debe presumirse más independencia?

 Creo que ha sido un error encargar un informe a un despacho de abogados, que además está especializado en Derecho mercantil. Esto no puede transmitir ninguna buena imagen. Una de las malas prácticas que hemos detectado por parte de algunas instituciones de la iglesia ha sido cerrar acuerdos con las víctimas mediante despachos de abogados, en los que se ha pagado una indemnización a cambio de silencio y renuncia a denunciar. Las famosas cláusulas de confidencialidad. También debe decirse que hemos encontrado buenas prácticas, como las de algunas congregaciones que han llevado a cabo procesos de justicia restaurativa. Otras conferencias episcopales que han querido hacer una investigación seria y creíble han seguido otros criterios, como hacer encargos en universidades (Estados Unidos o Alemania) o crear comisiones con la participación de expertos en el tema (Francia o Portugal). 

El Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes, ya ha hecho su trabajo. Toca ahora al Congreso tomar decisiones. ¿Pueden afectar estas decisiones a los acuerdos con la Santa Sede?

 Sí, ahora el Congreso puede tomar decisiones a partir de las recomendaciones que hemos hecho en el informe. Los acuerdos con la Santa Sede se pueden revisar por iniciativa del Estado, pero esta es una cuestión que va más allá de nuestro ámbito de estudio. 

El informe insta a indemnizar a las víctimas y no sólo la Iglesia, sino también el Estado porque tenía que supervisar los centros concertados.

La obligación de reparar el daño es, en primer lugar, de la Iglesia. Esto no quita que el Estado también sea responsable. Así lo ha determinado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia muy clara contra Irlanda por un caso de abuso sexual contra una persona que sufrió muchos años atrás abusos sexuales en su infancia en una escuela católica irlandesa. La sentencia es muy clara en ese sentido. Además, a nosotros nos tocaba poner el foco en la responsabilidad de los poderes públicos. Éste era el mandato del Congreso de Diputados. Ahora será cuestión de fijar en qué casos y con qué procedimiento podrá otorgarse compensaciones. El modelo ideal sería la cooperación entre la Iglesia y el Estado para crear un órgano de reparación para los casos prescritos que no pueden ir a la vía judicial, como se hizo en Bélgica.

Se ha publicado que los acuerdos con la Santa Sede los gestionó el gobierno preconstitucional de Suárez.

Los acuerdos están vigentes mientras una parte no los denuncie y tienen el rango jurídico de un tratado internacional. Pero debe aclararse también que los acuerdos no impiden a las autoridades eclesiásticas colaborar ni abrir los archivos a los investigadores. Es cuestión de su voluntad hacerlo o no. Otra cosa es si bajo ciertas condiciones una autoridad estatal judicial podría ordenar (por tanto, por vía coactiva) una investigación. Aquí hay una controversia, pero no hemos querido centrarnos en esto.

 ¿Son los privilegios en financiación y educación que conceden a la Iglesia los acuerdos con la Santa Sede lo que explica el elevado número de casos en España? 

No hay ningún dato que nos permita hacer esta afirmación. Las causas de los abusos sexuales en la Iglesia son conocidas a partir de la investigación abundante que se ha hecho a nivel internacional. Muchas de ellas son las causas de los abusos sexuales en general (por ejemplo, las relativas a las personas abusadoras). Otras poseen elementos específicos de la institución católica, relacionadas con la oportunidad de contacto con menores o con otros factores de carácter estructural, como el poder clerical y el secretismo. Las pautas de respuesta que han predominado durante mucho tiempo (la negación, el encubrimiento e incluso en algunos casos la culpabilización de las víctimas) han permitido la repetición de los abusos causando un daño adicional a muchas víctimas. El informe ha aportado testimonios muy reveladores de ese sufrimiento. Creo sinceramente que la Iglesia irá dando pasos positivos hacia el reconocimiento del problema y la reparación a las víctimas. Espero que con este informe hayamos contribuido a ello.