La Audiencia de Barcelona juzgará a Shakira por un fraude fiscal de casi 15 millones de euros

Este lunes la Audiencia de Barcelona tiene previsto empezar el juicio por fraude fiscal contra la cantante colombiana Shakira. La fiscalía le pide 8 años y 2 meses de prisión por defraudar 14,5 millones de euros entre el 2012 y en el 2014 en el IRPF y el Impuesto de Patrimonio, además de 23,7 millones de multa y 18 años y un mes sin recibir incentivos fiscales. El ministerio público la acusa de simular que vivía fuera de España cuando ya vivía en Barcelona con el futbolista del Barça Gerard Piqué. La cantante y la fiscalía negociaron hace meses un posible pacto, pero finalmente Shakira lo descartó alegando que era "abusivo", que se considera inocente y que ya ha pagado más de 17 millones de euros a Hacienda para intentar regularizar su situación fiscal.

Al mismo tiempo, también se le ha abierto otra investigación para defraudar presuntamente 5,8 millones de euros del IRPF y el Impuesto de Patrimonio del 2018. Este nuevo caso dificultaría un posible pacto, ya que en caso de ser condenada de nuevo, sería mucho más complicado que pudiera evitar la prisión. Ahora bien, no se descarta del todo un pacto de última hora que evite el largo juicio, aunque la cantante tendría que aceptar los hechos y la pena, presencialmente, ante el tribunal.

Se prevé que el juicio se alargue 12 sesiones, hasta el 14 de diciembre. La cantante declarará en persona este mismo lunes, y probablemente podrá ausentarse del resto de sesiones. En principio, tendrán que declarar un centenar de testigos, hasta el 4 de diciembre, y después será el turno de varios peritos en materia fiscal, las conclusiones definitivas, los informes finales y el último turno de palabra de la cantante.

Hacienda considera que, entre 2012 y 2014 Shakira residió todos los días del año en España, muchos más de los 183 días anuales establecidos como mínimo para tributar, y por eso tenía la obligación de tributar "para la totalidad de su renta mundial con independencia del lugar donde se hubiera producido y estuviera cuál fuera la residencia del pagador". También tenía la obligación de tributar por todo su patrimonio, independientemente del lugar donde se encontrara o donde se hubiera generado.

La fiscalía indica que la cantante era consciente de que tenía que tributar en España, pero utilizó un entramado societario creado años antes y que no modificó sustancialmente con el fin de evadir impuestos. Así, eran las sociedades las que figuraban como titulares de las percepciones de las rentas y el patrimonio, en lugar de figurar ella misma, que solo figuraba en último lugar y en algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales, donde de forma indirecta iba a parar la mayor parte de la renta, de la cual dispuso en beneficio propio. El escrito de fiscalía enumera a 14 sociedades con sedes en Holanda, Malta, Luxemburgo, Islas Vírgenes Británicas, Estados Unidos, Panamá, Islas Caimán, Barcelona y Madrid. Cuatro de estas entidades cobraban los ingresos procedentes de su carrera musical y de publicidad.

El dinero que cobraban algunas de estas empresas por los derechos de autor, imagen y otros de la cantante era transferido a otras empresas simulando servicios o créditos. Las sociedades no tenían ni medios materiales ni humanos para hacer ninguna actividad y los gastos que tenían eran los pagos en despachos especializados en la administración de este tipo de empresas.

La acusada, con la colaboración y asesoramiento de determinados profesionales, realizó acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados 'tax rulling', para fijar condiciones específicas y privilegiadas de tributación. El primer acuerdo fue firmado en el 2008, el segundo en agosto del 2012 y el tercero en diciembre del 2013. Estos acuerdos produjeron una tributación fiscal mínima que llegó al 2% de la renta bruta generada, y permitieron que el 94% de las rentas fueran transferidas a cuentas o sociedades situadas en paraísos fiscales.

Sin embargo, Shakira no incluyó en los acuerdos todas las sociedades que controlaba directa o indirectamente, ni todas las rentas percibidas, sino sólo las que recibía a través de la única sociedad con sede en Luxemburgo. Los últimos dos acuerdos con este país los suscribió cuando ya vivía en España y no los comunicó a las autoridades estatales, dice la fiscalía.

Por todo eso, Hacienda y fiscalía calculan que del 2012 al 2014 ingresó unos 35 millones de euros por su actividad profesional y otros rendimientos inmobiliarios y bancarios. Habría defraudado 5,6 millones de euros de IRPF en el 2012, 3,1 millones el año 2013 y 3,4 en el 2014, o sea unos 12,2 millones en total.

Sobre el Impuesto del Patrimonio, Hacienda calcula que Shakira tenía seis inmuebles, algunos de ellos compartidos, a las Bahamas, Miami, Nueva York, Uruguay, y Barranquilla (Colombia), valorados en 6,3 millones de euros. La casa de Esplugues que compartía con Piqué al 50% estaba valorada entre 3,1 y 4,7 millones de euros. Shakira controlaba la mitad de la propiedad a través de una sociedad panameña. También tenía un avión privado que en el 2014 se vendió por 820.000 euros. Además, tenía unos activos financieros de entre 117 y 142 millones de euros. Por todo eso, y descontando los gastos deducibles, el valor total del patrimonio de la cantante pasó de los 99,4 millones en el 2012 a los 117,6 millones en el 2014. Se aproxima que Shakira defraudó en la Agencia Tributaria de Cataluña 999.000 euros en el 2012, 526.000 el 2013 y 624.000 en el 2014, o sea unos 2,1 millones de euros en total.

En octubre del 2015 la Agencia Tributaria española inició una inspección fiscal en Shakira, que se le comunicó el junio siguiente. En noviembre del 2018 presentó declaraciones de IRPF e ingresó 12,3 millones de euros. En marzo del 2019 pagó 2,3 millones de intereses de demora. En diciembre del 2018 pagó 2,1 millones de euros a la Agencia Tributaria de Cataluña por el impuesto de patrimonio, y el marzo siguiente pagó 409.000 euros por los intereses de demora. En total, pagó unos 17,2 millones de euros para intentar regularizar su situación.

La fiscalía la acusa de seis delitos contra la Hacienda pública con la agravante de cantidad y el uso de personas jurídicas interpuestas, por la defraudación del IRPF y el Impuesto del Patrimonio del 2012, 2013 y 2014. Le pide que devuelva el importe supuestamente defraudado con un recargo de entre el 10 y el 90% según el año y el impuesto. Para el juicio, el ministerio público pide hasta 37 testigos, muchos de ellos en el extranjero, y diversas periciales de técnicos de Hacienda. La Abogacía del Estado lo acusa por los tres fraudes en el IRPF de 12,5 millones en total, y la Generalitat lo acusa por el fraude en el Impuesto de Patrimonio.