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IGLESIA PEDERASTIA

“Lo que han sufrido las víctimas de abusos debe compensarse”

Según el catedrático en Derecho Penal de la UdL, Josep Maria Tamarit

Noemí Pereda i Josep Maria Tamarit, ahir al Parlament.

Noemí Pereda y Josep Maria Tamarit, ayer en el Parlament. - PARLAMENT

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El catedrático en Derecho Penal de la Universitat de Lleida experto en victimología y justicia restaurativa, Josep Maria Tamarit, afirmó ayer que las instituciones públicas no deben desvincularse de los abusos sexuales cometidos en el seno del clero y deben indemnizar a las víctimas si la Iglesia no lo hace. En su comparecencia en la comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia en el Parlament de Catalunya, Tamarit propuso a la Generalitat crear un organismo que reconozca y repare a las víctimas tanto moral como económicamente, “pues el coste que ha tenido para muchas de ellas el abuso sexual requiere una compensación económica que podría efectuarse en base a un baremo”. En esta línea, hizo hincapié en la necesidad de poner en funcionamiento un proceso de justicia restaurativa que dé respuesta a los casos de pederastia que han prescrito y no pueden ir a la vía judicial. Uno de los posibles retos será cómo coordinar las acciones que se puedan hacer desde la Generalitat con las que pueda llevar a cabo el Estado para evitar duplicidad en las indemnizaciones o en los trámites. En este sentido, el catedrático en Derecho Penal opinó que “las víctimas se sentirán mejor reconocidas si reciben este acompañamiento de las instituciones que sienten más próximas”. 

Asimismo, recomendó extender este tipo de procedimientos restaurativos a otras víctimas de abusos sexuales en un entorno institucional, como pueden ser también las escuelas, centros de protección o de internamiento.

Tamarit participó en la elaboración del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en instituciones religiosas. Entre sus conclusiones, apunta que la Iglesia católica ha indemnizado a víctimas de pederastia a cambio de su silencio y su renuncia a denunciar, lo que se conoce como cláusulas de confidencialidad. Una “mala praxis” que, según destaca Tamarit, “se opone a la transparencia que acompaña a la justicia restaurativa”.

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