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El Govern quiere retirar la tutela de menores que cometan agresiones sexuales si los programas no funcionan

Campuzano defiende la "responsabilidad" de las familias de los agresores en la reparación del daño provocado a las víctimas

El conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, en la sede del departamento.Marta Vidal / ACN

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El conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha mostrado la "voluntad política" del Govern de retirar la custodia a los padres en los casos de agresiones sexuales cometidos por menores inimputables si no funcionan los programas de acompañamiento correspondientes. Campuzano ha defendido que las familias tienen que asumir su "responsabilidad" con respecto a la restauración y reparación del daño provocado a las víctimas, así como trabajar en la garantía de no repetición de los hechos. "Expresamos de manera inequívoca esta voluntad justamente para evitar la sensación de impunidad", ha advertido en la presentación del informe sobre violencias sexuales en infancia y adolescencia que el Govern encargó a raíz de las agresiones cometidas por menores en Badalona. Ante las denuncias de agresiones sexuales contra menores presuntamente perpetradas por chicos menores de edad, muchos de los cuales de trece años o menos, entre el verano del 2022 y el de 2023 en Badalona, el Govern encargó la elaboración de un informe a un grupo de expertos y representantes de varios departamentos del Gobierno, entre ellos Derechos Sociales, Justicia, Interior, Educación, e Igualdad y Feminismos, con el fin de analizar "el alcance y causas" del fenómeno.

En el documento, presentado este jueves en un acto en la sede de Derechos Sociales, los expertos concluyen que las agresiones sexuales cometidas por menores inimputables, es decir menores de 14 años, en Cataluña no han incrementado. Según apuntan, la "relevancia mediática y social" de los hechos responde al aumento de las denuncias, las cuales sí que han incrementado.

Eduard Vallory, presidente del Catesco –referente de la Unesco en Catalunya-, y coordinador del grupo de expertos que ha elaborado el informe, ha subrayado que las agresiones cometidas por menores de 14 años "generan alarma social, pero son minoritarias". En este sentido, Vallory ha alertado de que el grueso de agresiones que sufren los menores las cometen adultos y, mayoritariamente, próximos a las víctimas. "Los menores en nuestra sociedad están sufriendo agresiones mayoritariamente por personas adultas que, en la mayoría de los casos, les son próximas. Es más fácil generar miedo respecto a casos que generan alarma social, que tomar conciencia que los menores están en riesgo precisamente por las personas que no generan alarma social", ha señalado.

En este sentido, el experto ha apuntado que a raíz del tratamiento mediático de los casos de Badalona les ha sido "complejo" tratar la afirmación "que los casos de agresiones sexuales entre menores son crecientes". En el documento se hace mención que los datos extraídos de los casos denunciados, junto con otras fuentes como el reciente informe de la Fiscalía de menores del Estado, indican que las denuncias por comportamientos violentos de menores de edad –incluidos niños de trece años o menos que no pueden ser imputados penalmente– siguen una tendencia creciente, incluidas las de agresiones sexuales. Sin embargo, Vallory ha subrayado en varias ocasiones que el incremento de las denuncias no lo vinculan a un incremento de los casos, sino a una mayor conciencia social. "Creemos que hay una mayor toma de conciencia sobre las agresiones, que culturalmente en muchos contextos han sido normalizadas, y eso lleva a que muchas personas visualicen que cosas que hace 10 años eran normales, ahora no, y se denuncien o se pongan límites", ha apuntado.

El análisis del fenómeno se ha hecho con la voluntad de evitar la reincidencia y hacer frente a la "sensación de impunidad" a menudo vinculada a estos casos. En este, los expertos concluyen que hay principalmente cuatro factores que alimentan las actitudes agresivas en adolescentes: las características cambiantes de la adolescencia; la falta y la dejadez en el acompañamiento comunitario de niños y adolescentes; un marco cultural que normaliza la dominación de hombres sobre mujeres y, por último, el impacto de las redes sociales digitales y la amplia exposición a pornografía de masas de carácter machista en niños y adolescentes en ausencia de una educación integral en sexualidad adecuada. Después de analizar las conclusiones de los expertos, el Govern ha presentado un plan con veintiuna acciones o medidas para prevenir, detectar, atender y reparar las violencias sexuales en la infancia y adolescencia.

Refuerzo y despliegue territorial del Servicio de Atención en Menores Inimputables

Entre las principales medidas anunciadas por el ejecutivo destaca el refuerzo y despliegue territorial del Servicio de Atención a Menores Inimputables. Según ha detallado este jueves Campuzano, en 2024 se hará una revisión y un refuerzo del servicio con un despliegue territorial con la ayuda de entidades sociales especializadas en el trabajo con menores agresores. Con eso, se extenderá el programa formativo de educación sexual y educación en igualdad por los agresores menores, pero también por sus familias. Asimismo, el servicio "pondrá especial énfasis" en las acciones sobre responsabilidad, restauración y reparación del daño cometido a las víctimas por parte de los menores inimputables y sus familias. Tal como se apunta en la propuesta del Govern, "en el caso que no se cumpla se tomarán medidas sobre la tutela de los menores agresores".

Aparte, el Govern también ha anunciado otras medidas como el despliegue de la estrategia Barnahus, que hoy por hoy funciona en Tarragona y Lleida, o la creación de un nuevo modelo de educación sexual integral. En este último caso, el ejecutivo ha detallado que el nuevo modelo se está definiendo de forma consensuada con la comunidad educativa así como con las entidades feministas y que la intención es implementarlo en el curso 2024-2025.

Entre otros, el plan del Govern también prevé una segunda edición en el 2024 de la encuesta sobre violencias sexuales en Catalunya, el objetivo de la cual es hacer una estimación de la prevalencia de las violencias sexuales que sufren las mujeres, así como obtener información sobre las consecuencias sobre las mujeres, el índice de denuncia, o el tipo de agresores. Asimismo, el plan también incluye medidas como la creación del Área Central de Violencias Sexuales en los Mossos d'Esquadra, anuncia el pasado mes de julio; un estudio sobre menores de edad como autores de delitos de violencia sexual; o la elaboración de un protocolo para establecer buenas prácticas periodísticas en el tratamiento de las agresiones sexuales en menores.

El informe también pone énfasis en el impacto que tiene el acceso a la pornografía de masas en la educación sexual de los más jóvenes. En este sentido, el plan también incluye el estudio jurídico que el Govern ya está haciendo sobre la protección de los niños y adolescentes en el acceso a contenidos digitales pornográficos, que se presentará el próximo año. En este sentido, Campuzano ha subrayado la necesidad de "poner límites" a escala europea a las plataformas digitales que se lucran con este tipo de contenido.

Govern y expertos coinciden en que rebajar la edad imputable no es la solución

Con todo, el grupo de expertos, así como el Govern, han coincidido en que hacer frente al problema no es necesario rebajar la edad imputable. "La medida es innecesaria y contraproducente, y no se ajusta a la necesidad de los menores", ha señalado la abogada Carla Valls, una de las autoras del informe. "El sistema penal cuando tienen menos de 14 años es completamente incomprensible y, por lo tanto, intervenir desde allí será contraproducente", ha añadido. Asimismo, Vall ha señalado que por el hecho de ser inimputables "no significa que no pueda haber intervención". En la misma línea se ha expresado el titular de Derechos Sociales, que ha apuntado que rebajar la edad imputable "no serviría absolutamente por nada, no repararíamos el daño y no tendríamos ningún tipo de garantía de la reincidencia de esta persona".

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