Una normativa obliga desde el próximo 31 a adaptar conexiones de alarmas

El próximo 31 de diciembre acaba el plazo para adaptar a la normativa las alarmas que tengan una serie de características y que estén conectadas a una central receptora o centro de control. El cambio afecta a determinados establecimientos, empresas y viviendas y la mayoría ya se ha ido ajustando de forma progresiva.

El próximo domingo 31 de diciembre acaba el plazo para adaptar a la normativa las alarmas de seguridad conectadas a una Central Receptora de Alarmas o a un centro de control. Esta medida afecta tanto a viviendas como a empresas y otras instalaciones en función del grado de seguridad. La Orden INT/316/2011 entró en vigor en 2011, pero se han ido sucediendo los aplazamientos, periodo en el que muchos usuarios han ido haciendo las modificaciones en sus sistemas de seguridad, según las empresas consultadas por este diario.

Al respecto, el subinspector Josep Gené, jefe de la Unidad Regional de Policía Administrativa de la Región Policial de Ponent de los Mossos d’Esquadra, señala que los usuarios deben comprobar con una empresa especializada y autorizada que su sistema de seguridad esté cumpliendo la normativa. “Deben consultar qué tipo de grado tienen y, si es necesario, hacer las modificaciones pertinentes para adaptarse a la norma”, afirma. 

Los cambios afectan a los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, como bancos o joyerías, y dichos sistemas conectados a centrales receptoras de alarma deberán adecuarse a Grado 3, mientras que el resto de establecimientos como domicilios, pequeños comercios o empresas deberán adecuarse a Grado 2. “Es importante porque deberán adecuarse y contar con un certificado de un técnico autorizado que lo acredite”, explica Gené. Añade que en Catalunya hay más de 750.000 alarmas conectadas a una Central Receptora de Alarmas, de las que aproximadamente un 7% están en Lleida. Gené señala que podría haber alguna dispensa en casos concretos y justificados, como joyerías que estén ya preparando el cierre por jubilación o periodo de liquidación, y que la norma prevé sanciones económicas en caso de incumplimiento. “Esperaremos directrices concretas para saber cómo dirigir la actividad inspectora, ya que el objetivo es que se cumpla la norma y evitar desconexión o reducción de las alarmas conectadas”, señala. 

Por su parte, empresas de seguridad consultadas por este diario señalan que uno de cada diez usuarios han necesitado hacer alguna acción debido a la antigüedad, estado y características de su sistema de seguridad. En su mayoría, añade, se componen de sistemas de Grado 3, como entidades bancarias, joyerías y gasolineras, que tienen un riesgo de exposición medio/alto y están obligados a disponer de un sistema de seguridad. Asimismo, los sistemas de Grado 2 en la industria, con un riesgo mayoritariamente bajo/medio, se han ido acondicionando progresivamente según el grado de exposición y la naturaleza de cada instalación. En el caso de los sistemas de Grado 2 en entornos residenciales, su adaptación ha sido más paulatina. Sin embargo, en algunas ocasiones, usuarios han optado por no hacer ninguna acción. El coste económico asociado a esta adaptación es muy variable ya que depende del tipo de sistema, antigüedad, características y si es posible aprovechar algunas partes de la instalación.

Orden aplazada desde 2011 

La normativa de seguridad privada debía entrar en vigor en 2011, pero desde entonces se han hecho moratorias. Afecta a los sistemas conectados a una central receptora de alarmas, a los acogidos a los Grados 2 y 3.