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La playa de la Pineda es la "más contaminada por microplásticos de todo el mundo"

Playa de la Pineda, en Vila-seca, donde este miércoles voluntarios de la entidad que más ha estudiado la presencia de estos microplásticos, Good Karma, limpian de la arena estos pellets. EFE/Quique García

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La industria química catalana, responsable del 70 % de la producción de plástico en España, según los datos del propio sector, provoca desde hace años la llegada de pellets y microplásticos a las playas y ríos de Tarragona.

Este problema ambiental, denunciando por varias ONG, ha llevado a la Generalitat de Cataluña a abrir un expediente contra ocho empresas químicas, que podría ampliarse en los próximos días.

En la playa de la Pineda, en Vila-seca (Tarragona), este miércoles varios voluntarios de la entidad que más ha estudiado la presencia de estos microplásticos, Good Karma, se esforzaban una vez más en limpiar de la arena estos pellets, unas bolitas de varios colores y forma redondeada, que son la materia prima para la fabricación de plásticos.

El coordinador del voluntariado, Rodrigo Castellví, explicaba a EFE que aunque este "desastre ambiental" no tenga el foco mediático del caso gallego, la persistencia de pellets en este lugar a lo largo de los años provoca que la de la Pineda sea la playa "más contaminada por microplásticos de todo el mundo", con las consecuencias que de ello se derivan para la pesca y el ser humano, en último término.

Good Karma y la ONG Surfrider están detrás de la denuncia a Basell Poliolefinas, SK Primacor, Transformadora de Etileno, Katoen Natie, Schmidt Ibérica, Ravago Plásticos, Repsol Química y Dow Chemical Ibérica por vertido de estos restos.

Según un estudio de 2019 elaborado por el Centro Español de Plásticos (CEP), en Tarragona, junto con la zona industrial de Barcelona, se concentra alrededor del 70 % de la industria española de producción de plásticos y el 25 % de la producción química.

Los pellets llegan a Baleares

En 2020, tras realizar las primeras evaluaciones centrándose únicamente en la playa de la Pineda, Good Karma Projects, con el apoyo de Surfrider Europe, decidió proseguir su investigación tierra adentro, siguiendo el río Francolí, que atraviesa la zona petroquímica y encontró concentraciones hasta 20 kilómetros mar adentro.

Aunque ya un año antes una expedición de estas entidades había revelado otro resultado inesperado en el propio Mediterráneo, y es que recogieron cerca de 6.000 unidades de pellets por metro cuadrado en la playa de Cavalleria, en Menorca, lo que para los ecologistas es prueba clara del daño para todo el mar Mediterráneo.

Por todo ello, el Departamento de Acción Climática de la Generalitat abrió a finales de 2023 el expediente, cuya novedad es que se ampliará a nuevas compañías químicas, según las pesquisas que están llevando a cabo.

En concreto, se investigan "presuntos daños ambientales a los recursos naturales y a los servicios de recursos naturales que causan por su actividad en la red hidrográfica de la cuenca del (río) Francolí" y, especialmente, en las playas de la Pineda, la de Prats de Vila-seca, e incluso la playa de Cavalleria en Menorca.

En el mismo sentido se cita posibles "afectaciones en el mar Mediterráneo" y su biodiversidad, así como en "la salud humana".

En la denuncia a Acción Climática, Good Karma aportó los datos recogidos desde 2018, que apuntan a que habrían recogido más de 700.000 microplásticos en 2021 y más de dos millones el 2022.

La decisión de abrir el expediente fue comunicada a las empresas involucradas y también a instituciones de la zona que se consideran podrían estar interesadas, como los ayuntamientos de la zona, que se ocupan habitualmente de la limpieza de las playas.

La respuesta de las químicas

Las empresas consultadas por EFE remiten a la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), desde donde explican que llevan más de seis años trabajando para "minimizar" la presencia de pellets a través de varias iniciativas fruto de su propia Comisión de Medio Ambiente.

Además de buscar cómo "mejorar continuamente", las empresas de la AEQT que fabrican o trabajan con "polímeros plásticos" están adheridas a la iniciativa Operation Clean Sweep (OCS), un compromiso voluntario que recoge las mejores prácticas, estándares, procedimientos y técnicas para prevenir la pérdida de pellets e incluye una certificación por parte de una entidad independiente homologada que esperan poner en marcha a lo largo del 2024.

Recuerdan asimismo que la cadena de valor de los pellets es muy amplia (producción, manipulación, transporte, consumo,) y muchas actividades no forman parte del sector químico y no están asociados a la AEQT.

Más allá, recuerdan que ya antes de que la Generalitat confirmara la apertura de este expediente, tanto la administración como las empresas químicas productoras de plásticos constituyeron la plataforma 'Zero Pèl·lets' (Cero Pellets) para concienciar a todo el sector del plástico del impacto ambiental.

Carencias legislativas

Desde Surfrider apuntan que la futura ley de gestión de residuos, cuya propuesta está aún pendiente por parte del Govern, es "una oportunidad" para regular con medidas obligatorias las pérdidas de pellets, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor producción de todo el país se da en Tarragona.

No obstante, desde la comisión de Acción Climática del Parlament el diputado Enric Bárcenas (Comunes) resta fuerza a esa vía teniendo en cuenta que difícilmente se aprobará esta legislatura la nueva ley catalana de residuos y apunta las "enormes carencias" de gestión ambiental en Cataluña.

Por su parte, el responsable de Incidencia Política de Surfrider, Xavier Curto, señala a la legislación europea para que se adopten medias legislativas vinculantes para los Veintisiete, incluidas las de responsabilizar a todas las empresas implicadas en la fabricación, uso o transporte de pellets, así como la obligatoriedad de auditorías frecuentes e independientes al respecto, entre otras.

El abogado de las ONG, de la consultoría INSTA, Iván Ortigüela, ha dejado claro a EFE que el expediente abierto por la Generalitat es "una oportunidad" para reparar el daño hecho y tomar medidas reales para prevenir nuevos vertidos, so pena de acudir si no es el caso a los tribunales.

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