Justicia impulsará las tobilleras con GPS para reducir el número de presos preventivos

La Generalitat hará próximamente una prueba piloto con varias tobilleras con GPS para controlar presos preventivos y poder concederles más fácilmente la libertad provisional. En torno al 20% de los 8.000 presos de Cataluña, cerca de 1.700, son preventivos, o sea que esperan juicio o condena. El Departamento de Justicia ha aprobado una estrategia que incluye quince medidas para reducir el internamiento y fomentar el tercer grado o semilibertad, los permisos y salidas y la libertad condicional o provisional. El objetivo de la Generalitat a medio plazo es recuperar las cifras de antes de la pandemia, donde un 31,5% de los reclusos estaban en tercer grado o libertad condicional, cifra que ahora es del 25%.

En el caso de los extranjeros, aunque tienen penas de 4,8 años de media, inferiores a los 7 años por término medio de los condenados españoles, sólo llegan al régimen abierto el 13,5% de los reclusos, delante del 21,5% de los españoles. Sólo el 34,5% de los extranjeros disfrutan de permisos, delante del 61,4% de los españoles.

De los presos que salen de prisión, el 26% vuelve a delinquir si acaban la condena con régimen ordinario cerrado, mientras que sólo lo hacen el 10% de los que acaban la pena en semilibertad. Eso viene reforzado por el hecho que el 42% de los reclusos, unos 3.400, están en prisión provisional esperando juicio o cumpliendo penas inferiores a los dos años.

Por eso, una de las quince medidas es una prueba piloto en dos partidos judiciales todavía para determinar para estudiar la implantación de estas tobilleras. Actualmente se ponen en los investigados o condenados por violencia machista o terrorismo. Ahora se quiere ampliar su uso a otros tipos de delito.

Justicia calcula que cada interno cuesta a la administración casi 200 euros cada día. Contando que hay unos 1.663 presos preventivos actualmente y que están en la prisión una media de 169 días, unos cinco meses y medio, eso supone un coste global anual para la Generalitat de cerca de 55 millones de euros. El coste de las tobilleras electrónicas, su uso y funcionamiento es muy inferior.

Estas tobilleras son de plástico negro y se parecen a relojes inteligentes. Un funcionario la coloca en el tobillo del investigado con una herramienta que impide sacársela sin romperla. Emite una señal GPS que hace que se pueda configurar un área de donde no puede salir la persona vigilada o al cual no puede acercarse, como podría ser una víctima o una zona donde haya cometido el delito. Si sale de este rango, la empresa que gestiona el sistema hace una llamada a un aparato similar a un móvil que la persona siempre tiene que llevar encima. Si no responde o se comprueba que se ha incumplido la medida, la central de seguridad avisa a los Mossos d'Esquadra.

Otra medida que también se quiere impulsar para reducir los ingresos en prisión preventiva es la mejora de las comparecencias periódicas en los juzgados, renombres 'apud acta'. En vez de que el investigado tenga que ir presencialmente al juzgado para firmar, Justicia implantará esta primavera una aplicación informática que mediante la biometría permitirá identificar al afectado. Eso permitirá agilizar el trámite y hacerlo más fiable, cosa que hará que muchos jueces no dicten prisión preventiva en caso de duda, sino que apliquen este nuevo sistema.

El resto de medidas

Les 15 medidas están divididas en tres grandes bloques: intervención comunitaria para reducir los internamientos innecesarios, el refuerzo del principio de última ratio en el ingreso penitenciario, y el refuerzo de los espacios de reinserción dentro de los centros penitenciarios.

La primera medida quiere impulsar el medio abierto y la derivación de los presos a la comunidad con tres herramientas: el impulso de las clasificaciones en tercer grado, el adelanto de los permisos y salidas y el incremento de recursos externos para dar continuidad al programa individualizado de tratamiento (PIT). Se quiere retornar al 30% de presos en tercer grado y se darán a las juntas de tratamiento penitenciario tres ejes de valoración para conceder la semilibertad: cumplimiento de los requisitos mínimos legales, ponderación del bajo riesgo de reincidencia y cumplimiento de los objetivos del PIT. Por otra parte, mientras que en el 2019 el 35% de los reclusos disfrutaban de algún permiso, en el 2023 la cifra había bajado al 29,5%, cosa que se quiere revertir. Además, se quieren conceder permisos antes, cosa que también favorece la concesión del tercer grado.

Por último, en este ámbito se crearán 62 nuevas plazas para reclusos que vivirán en residencias externas en la prisión. Tomados en tercer grado comparten piso y son supervisados por funcionarios. De las 309 plazas actuales se pasará a 361, y algunas plazas serán para jóvenes. También crecerán de 91 a 101 las plazas para reclusos sin domicilio o con discapacidad intelectual. También se fortalecerán los programas de las entidades que acompañan a los presos en los últimos momentos de internamiento y los primeros de excarcelación.

La segunda medida supone impulsar la justicia restaurativa antes de cumplir la pena. Esta medida viene complementada por la octava, del tercer bloque, que prevé impulsar la justicia restaurativa cuando ya se ha ingresado en la prisión. De enero a agosto del 2023 se realizaron 14 procesos de justicia restaurativa a las prisiones catalanas. Durante este 2024 se destinarán 440.000 euros para incorporar a 8 profesionales a la prisión de Mas d'Enric, al Catllar, y al Centro Abierto de Tarragona, y cuatro más a los Servicios a la Comunidad, con el fin de universalizar la justicia gratuita en el Campo de Tarragona y las Tierras del Ebro durante todas las fases del proceso penal: presentencia, enjuiciamiento y ejecución. Mediante la mediación se puede llegar a un pacto entre víctima y victimario que evite el ingreso en la prisión a cambio de algún otro tipo de pena y compensación, o que consiga la libertad condicional si ya ha ingresado en un centro penitenciario.

La tercera medida quiere ayudar a los extranjeros presos sin documentación a obtenerla para poder acceder a mejoras en el grado de clasificación penitenciario. Eso también los lleva más a menudo a la prisión preventiva a la espera de juicio. Por eso, Justicia hablará con los colegios de abogados para que se aproveche el ingreso en la prisión para acelerar los trámites para conseguir documentación.

La cuarta medida, ya en el segundo bloque, quiere impulsar las suspensiones extraordinarias del ingreso en la prisión. Les suspensiones ordinarias son las que se aplican normalmente a los condenados por primera vez y apenas inferiores a los dos años. La suspensión extraordinaria es la prevista cuando no se cumple alguno de estos dos requisitos, y se puede aplicar a penados hasta cinco años de prisión siempre teniendo en cuenta las circunstancias personales del condenado, la naturaleza del hecho y el esfuerzo por reparar el daño.

Para convencer a los jueces de que pueden suspender la pena de forma extraordinaria, en el 2025 se hará una prueba piloto en dos juzgados de lo penal, de ejecutorias o secciones penales de audiencias provinciales a fin de que Equipos de Asesoramiento Técnico Penal (EATP) hagan informes sobre las circunstancias de los condenados. En el 2022 los EATP hicieron 1.132 informes sobre víctimas o testigos, pero sólo 78 sobre acusados. Eso, según Justícia, reduciría a las personas que entran por primera vez en una prisión.

La quinta medida es la de las tobilleras telemáticas y la sexta es la de las comparecencias periódicas en los juzgados. La séptima medida es la modificación de los criterios para conceder directamente el tercer grado a los presos cuando ingresan en la prisión. En el 2020 entró en vigor en las prisiones catalanas el protocolo de Clasificación Inicial en Medio Abierto (CIMO), pero ahora se revisarán los requisitos imprescindibles y las circunstancias excluyentes, con el fin de doblar el número de presos que directamente pasan en tercer grado cuando entran en la prisión. Así, por ejemplo, a los reclusos extranjeros no se les exigirá tener permiso de residencia o de trabajo, como pasaba hasta ahora.

La octava medida ya se ha explicado anteriormente. La novena, ya en el tercer bloque, quiere reducir el ingreso a prisión de los multirreincidentes por delitos de seguridad vial. La reincidencia en delitos viales es de las más altas, un 20%. Así, se pretende que puedan hacer los exámenes teóricos de conducir, los que no tienen el permiso, o recuperar los puntos, los que lo han perdido, mientras están en la prisión. También se podrían aprovechar los permisos, salidas y tercer grado para hacer los exámenes prácticos y se los acompañará para hacer rehabilitación contra el alcohol o las drogas.

La medida número 10 pretende que se puedan realizar medidas penales alternativas (mpa) mientras se está cumpliendo pena de prisión por otro delito. Durante el 2024 se incorporarán 12 profesionales para dar salida a unos 700 casos cada año. Actualmente hay un millar de presos cumpliendo pena de prisión y esperando poder realizar mpa.

La medida número 11 ya se aplica desde el otoño pasado. Gracias a un convenio entre la fiscalía y el Departamento de Justicia, el ministerio público comunica directamente a los servicios penitenciarios si piensa recurrir un otorgamiento de tercer grado penitenciario como muy tarde cinco días después de ser concedido. El Tribunal Supremo estableció que la progresión de grado queda suspendida hasta que haya resolución judicial si la fiscalía presenta recurso. Eso provoca mucha incertidumbre, y por eso ahora el ministerio público se compromete a decir si presenta recurso o no antes de cinco días después de que se haya concedido el tercer grado. Si el ministerio no presenta recurso, el tercer grado ya se aplica directamente y no hay que esperar varias semanas antes de que el recurso se pueda presentar.

La medida número 12 establece que los internos preventivos que sigan tratamientos de desintoxicación dentro de las prisiones, podrán continuar el tratamiento fuera y se les acreditará que lo hacen. De hecho, la ley permite suspender la ejecución de penas de prisión de hasta cinco años si se demuestra que el acusado cometió el delito como consecuencia de la adicción en las drogas y si se certifica que ya no es adicto o que está siguiendo un tratamiento de deshabituación. El problema actual es que si el tratamiento no es farmacológico, algunos centros penitenciarios no acreditan que se está siguiendo. Ahora, con un convenio entre Salud y Justicia, las prisiones harán estos certificados para que los presos preventivos o ya condenados puedan tener la acreditación para obtener la libertad provisional y seguir el tratamiento fuera de la prisión.

La medida número 13 es un programa para acercar la tecnología digital a los reclusos para que puedan agilizar los trámites y las comunicaciones con familiares, abogados, entidades sociales y educativas y la administración. Eso también les permitirá actualizarse en el uso de las nuevas tecnologías para cuando salgan del centro.

La decimocuarta medida quiere potenciar las atribuciones de la Mesa de Participación Social, creada en el 2005, para mejorar la reinserción social de los presos.

La decimoquinta y última medida quiere mejorar la detección de víctimas del tráfico de seres humanos. Algunos condenados, sobre todo mujeres y por drogas o robos, son al mismo tiempo víctimas de explotación, pero no lo denuncian por miedo y la administración lo desconoce. Se quieren potenciar las herramientas para detectar estos casos y que puedan acceder a ciertos beneficios penitenciarios y sociales.

Impacto en la cohesión social y la seguridad ciudadana

La consellera de Justicia, Gemma Ubasart, ha presentado este jueves la Estrategia nacional de apertura penitenciaria. Se trata de un documento que tiene como objetivo "avanzar en la cohesión social y la seguridad ciudadana". La Estrategia se ha presentado en el marco de una jornada en el Palau Robert que ha contado con la participación de personas expertas, profesionales de la magistratura, operadores jurídicos y académicos del campo del derecho penal y de la criminología, y con la presencia de diputados en el Parlamento.

La consellera Ubasart ha agradecido a los diferentes actores que han colaborado o que han asesorado al Departamento en la elaboración del documento, que ha definido como "una estrategia de país que tiene que poner las bases para dar un nuevo impulso en la apuesta catalana por el medio abierto y la reinserción". Un impulso, ha añadido, "que contribuye a dar forma al modelo de sociedad que queremos: una sociedad más cohesionada, más segura y sin víctimas". Ante esta realidad, la consellera ha subrayado que "como responsables políticos tenemos la obligación de poner la mirada, los recursos y las herramientas necesarias para reducir el internamiento".

El secretario de Medidas Penales Alternativas Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó, ha destacado que el departamento apuesta "de manera decisiva para acompañar a las personas en los procesos educativos y de reinserción para disminuir los índices de reincidencia y para mejorar la atención a las víctimas. En Cataluña, 8 de cada 10 personas no vuelven a ingresar en la prisión, estas cifras avalan que se va en la buena dirección". Para sacar adelante la estrategia, Calderó ha pedido el "compromiso" de los funcionarios que lo tienen que aplicar.

La jornada ha contado con dos mesas redondas: la primera, sobre tendencias actuales en política criminal, a cargo de Cristina Güerri Ferrández, criminóloga y doctora en Derecho por la UPF, Gemma Varona Martínez, directora del Instituto Vasco de Criminología y doctora en Derecho Penal por la Universidad del País Vasco; la segunda, sobre medidas para avanzar en la apertura, a cargo de Victor Correas Sitjes, magistrado de la Sección 4 de lo Audiencia Provincial de Girona, Gemma Torres Ferrer,subdirectora general de Programas de Rehabilitación y Sanidad, y José Ángel Brandariz García, catedrático de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de A Coruña y profesor adjunto de la Universidad de Carlenton.