La Conferencia Episcopal crea una comisión para cuantificar las indemnizaciones a las víctimas de abusos
Los obispos estudiarán "caso a caso" y dicen que se harán cargo de los importes si los acusados han muerto o no pueden pagar
Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aprobado este jueves la creación de una "comisión nacional de arbitraje" encargada de estudiar las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en la iglesia. Este mecanismo se encargará de atender los casos que ya no tienen recorrido judicial porque han prescrito o el acusado ha muerto. Tal como ha detallado en rueda de prensa el secretario general de los obispos, Francisco García Magán, se hará un estudio "caso a caso" de todas las víctimas que se deriven desde las diferentes diócesis. "En primer lugar, la reparación corresponde al victimario, pero subsidiariamente tiene la responsabilidad la institución eclesial, sea una diócesis u otra institución", ha apuntado a García Magán.
Según ha concretado al religioso, las indemnizaciones por abusos se analizarán en dos espacios, por un lado una comisión de arbitraje que tendrá una visión "amplía" con todas las posibles opciones de reparación y después un comité de expertos que hará la "valoración" de los importes. El primer espacio contará con voces "plurales" de ámbitos como la medicina, la psicología o la misma iglesia.
A ojos de la iglesia, el plan de reparación quiere evitar que los abusos se repitan y, a la vez, ofrecer una "reparación integral" a las víctimas. "Nos interesa a la búsqueda de la verdad y de la justicia, aclarar los hechos y encontrar responsabilidades, y aquí hay la vida judicial y la del arbitraje", ha remarcado. "Reducir el tema de las víctimas sólo en la cosa económica es una mercantilización, se tiene que ir más allá", ha concluido.
Los obispos que forman parte de la comisión permanente de la CEE también han analizado a su reunión de esta semana el informe 'Para dar Luz', que incorpora las aportaciones y recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo y del Informe-Auditoría elaborado, a petición de la CEE, por el despacho de Quemaduras & Calvo Sotelo, que fue entregado formalmente en diciembre. A preguntas de la prensa Garcia Magán ha dicho que el estudio de Cremades ha tenido un coste de 1,2 millones de euros.
