El juzgado archiva la causa contra Shakira por fraude fiscal en el 2018 después de la retirada de las acusaciones

El juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat ha archivado el procedimiento abierto contra la cantante colombiana Shakira por fraude fiscal. Después que la fiscalía retirara la acusación, y que la Abogacía del Estado y la Generalitat tampoco la mantengan, la jueza se ha visto obligada a decretar el sobreseimiento provisional de la causa. En el auto, la jueza dice que no hay ningún indicio que Shakira “de manera consciente y voluntaria” hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria respecto de las declaraciones del IRPF y el Impuesto de de Patrimonio del 2018 a su asesor fiscal. No obstante, Hacienda mantiene una investigación abierta por supuesto fraude en el 2011.

Según la defensa de Shakira, “la justicia española pone así freno en la campaña de desprestigio que sufre la cantante por parte de Hacienda”. Su abogado, Pau Molins, considera que el archivo judicial, solicitado por él hace más de tres meses, demuestra que Shakira “nunca” tuvo “comportamiento defraudatori”. La cantante está “totalmente satisfecha” que por fin se reconozca que no cometió ningún fraude penal, pero su lucha contra la Agencia Tributaria española no se acaba aquí”.

La abogada codefensora, Miriam Company, añade que “no tenía lógica continuar esta investigación penal en que la ausencia de duelo era más que evidente y que se sostenía en complicadas teorías y conceptos técnicos de difícil comprensión, incluso para fiscalistas expertos.”

Finalmente, el fiscalista de Shakira, José Luis Prada, añade que es “especialmente inconcebible” la causa administrativa que la Agencia Tributaria mantiene abierta contra Shakira por el ejercicio 2011, actualmente pendiente de resolución por la Audiencia Nacional, ya que es un año en que era “imposible” que la cantante fuera residente fiscal en España. Aquel año Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos a 37 países, y pasó, como máximo, 70 días en España. Es decir, ni la mitad del mínimo requerido para ser residente fiscal en el estado español, dice Prada. Esta causa administrativa por el ejercicio 2011 muestra, además, “un procedimiento lleno de anomalías por parte de Hacienda, que obligó a la cantante a abonar hasta 30 millones de euros, que le ha retenido todos estos años --desde el 2018 hasta ahora--, además de tener que garantizar 35 millones de euros más de sanciones desorbitadas, sin esperar ni siquiera que un tribunal se pronuncie sobre su conformidad a derecho”.

Esta multa, además, grava los ingresos de la gira de Shakira en el 2011 sin tener en cuenta los gastos en que incurrió, como sería habitual en un procedimiento de estas características, cosa que es manifiestamente contraría al principio constitucional de capacidad económica”, dice el fiscalista, que concreta que Hacienda está multando Shakira por unos presuntos beneficios que “sabe que no se produjeron, porque no se está admitiendo la deducción de gastos efectivamente producidos.”

La cantante ya reconoció que cometió fraude fiscal (IRPF e Impuesto de Patrimonio) del 2012 en el 2014 por valor de unos 14,5 millones de euros, y aceptó una pena de tres años de prisión que no cumplirá y que sustituyó por una multa de 432.000 euros. Shakira ya había pagado todo el importe defraudado más intereses, 17,4 millones, y un 50% más de penalización, 7,3 más.

La querella inicial de la fiscalía

La fiscalía acusaba inicialmente a Shakira de haber defraudado unos 5,8 millones de euros del IRPF y el Impuesto de Patrimonio del 2018, cuando vivía en Cuevas con el futbolista del Barça Gerard Piqué. La Agencia Tributaria le reclamaba 5,3 millones de euros, más los intereses, y la Generalitat le reclamaba 547.000 euros más los intereses. Según la querella de la fiscalía, el 2018 Shakira vivía en Esplugues y estaba obligada a pagar el IRPF de todos sus ingresos mundiales, independientemente de donde se hubieran producido, y por todo su patrimonio, con independencia de donde se hubiera generado o estuviera ubicado. Así, con el fin de reducir el pago de impuestos habría utilizado un "entramado societario", no declaró algunos rendimientos y se dedujo gastos improcedentes.

Según la querella, las empresas no tenían ninguna otra actividad formal que gestionar el patrimonio de Shakira y no tenían ni medios materiales ni humanos para hacerlo. Además, la fiscalía recordaba que la cantante no tenía ninguna relación con muchos de estos países más allá de la constitución de estas empresas 'pantalla'.

Así, según el ministerio público, omitió la declaración de rendimientos por valor de 12,5 millones de dólares, percibidos en forma de adelanto en el 2011 y devengados en el 2018 por la gira musical 'El Dorado'. También omitió rendimientos de más de 2,5 millones de euros a través de las sociedades GGT y AC. Igualmente, dedujo gastos duplicados de que superaban los 3 millones de euros y dedujo gastos de amortización de sus propios derechos musicales por|para más de 3 millones de euros. Por último, dedujo gastos personales y no justificados por más de 500.000 euros.

La sociedad AC se constituyó en Luxemburgo por parte de una sociedad maltesa participada al 100% por Shakira. Esta empresa percibió parte de los ingresos por la cesión de los derechos musicales de la cantante y le fueron transferidos la mayor parte de los ingresos de la gira fuera de los Estados Unidos. Esta empresa acordó con las autoridades fiscales de Luxemburgo tributar sólo el 1,39% de sus ingresos.

Del 2015 en el 2017 Shakira declaró todos los ingresos y gastos a través de AC, pero en el 2018 sólo lo hizo en un 75%. El otro 25% se lo quedaba la sociedad como seguro de riesgo fiscal, aunque la empresa no tenía ninguna actividad y sólo tenía cedidos formalmente los derechos musicales de la cantante. Era una sociedad "instrumental", según la fiscalía, y sólo era utilizada para pagar menos IRPF por parte de la cantante.

La otra empresa, GGT, fue creada en España en octubre del 2017 por Shakira mismo y con el 100% de participación de la cantante para vehicular los ingresos de la gira 'El Dorado' fuera de los EE.UU. GGT y AC firmaron un contrato por el cual GGT prestaba servicios a AC para que pudiera cumplir todos los compromisos de la segunda parte de la gira. GGT se llevaría un 5% de comisión. Esta empresa pagó 146.700 euros de impuesto de Sociedades en el 2018, pero la fiscalía cree que no realizó ninguna actividad, ya que el contrato firmado con AC fue posterior a la finalización de la gira, los trabajadores contratados ya trabajaban por Shakira antes de la firma del convenio entre las dos empresas, y no consta que hiciera ninguna función aparte de cobrar y pagar. Por eso, Hacienda cree que todos los ingresos y gastos de la sociedad se tendrían que computar en el IRPF del artista.

Un sistema similar se utilizó con la sociedad GT, encargada de los gastos e ingresos de la gira en los EE.UU. Además, se crearon cerca de una veintena de empresas para ocultar los ingresos reales de Shakira, empresas ubicadas formalmente en Países Bajos, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Luxemburgo, Bahamas o Liechtenstein, aparte de España y Estados Unidos. Algunas de estas empresas eran propietarias de la casa donde Shakira vivía a Cuevas o de otros inmuebles en Miami, Nueva York y Barranquilla (Colombia). Otras empresas se encargaban de sus ingresos musicales y de publicidad, y otros de la gestión del patrimonio inmobiliario o financiero.

Por otra parte, AC, que tenía los derechos musicales y de imagen de Shakira, firmó en el 2008 un contrato de diez años y 300 millones de dólares con la promotora Live Nation para producir al menos tres álbumes musicales y tres giras mundiales y la cesión de determinados derechos de imagen. El 2011 Live Nation pagó 12,5 millones de dólares, 9,7 MEUR, pero los representantes de la cantante argumentaron que se tenían que declarar en el 2018, porque eran por los conciertos de la gira 'El Dorado'. Pero en el 2018 no los declararon.

En la declaración del 2018 ingresó 57.000 euros de IRPF y 226.000 de Impuesto de Patrimonio. En concreto, del IRPF declaró 10 millones de euros de ingresos por actividades económicas, y del Impuesto de Patrimonio declaró inmuebles por valor de 12,1 millones de euros, y 136 millones en participaciones en entidades no cotizadas.

En la querella se enumeraban todos los ingresos reales que tuvo Shakira a raíz de su actividad musical y publicitaria, que subieron a 48 millones de euros, y también todos los importes de los gastos que se dedujeron por duplicado o que no se tendrían que haber deducido. Hisenda calcula que los gastos deducibles suman 21,3 millones, y no 28,4 como dijo la cantante.

Por todo eso, la Agencia Tributaria consideraba que Shakira tendría que haber pagado 5,3 millones de euros más de IRPF y le reclama 6 millones incluidos los intereses de demora. Con respecto al Impuesto de Patrimonio, la Agencia Tributaria concreta que el 31 de diciembre del 2018 Shakira tenía 971.000 euros en cuentas bancarias en España y 3,7 millones en cuentas en el extranjero, que suman 4,6 millones. Con respecto a activos financieros, Shakira declaró 135 millones de euros, mientras que Hacienda ha contabilizado 147 millones. Por eso, considera que tendría que haber pagado 773.000 euros de Impuesto de Patrimonio, y sólo pagó 226.000, cosa que supone 547.000 euros menos. La Generalitat le reclamaba 625.000 euros incluyendo los intereses de demora.