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SALUD DERECHOS

Registro de objetores de conciencia en el aborto

El Govern lo aprueba un año después de la ley

Es confidencial y revocable y afecta tanto a la sanidad pública como la privada

Una mobilització a favor del dret de l’avortament a Lleida.

Una movilización a favor del derecho del aborto en Lleida. - SEGRE

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El Govern aprobó ayerla creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. El registro, que dependerá del departamento de Salud, será confidencial y solo podrán acceder a él, en el ámbito de sus competencias, los responsables de las direcciones o gerencias de los centros sanitarios autorizados para llevar a cabo interrupciones voluntarias. La finalidad es gestionar la “correcta” prestación pública y programación de esta actividad con criterios de “igualdad, equidad y calidad asistencial”. La declaración de objeción de conciencia no deberá incluir, en ningún caso, el motivo. Además, los profesionales que se declaren objectores lo serán tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada y, en cualquier momento, podrán modificar o revocar su decisión. La normativa prevé la regulación de la objección de conciencia como un derecho individual de cada profesional sanitario que se debe manifestar con antelación y por escrito. La ley del Aborto, aprobada en marzo de 2023, ya contemplaba que las comunidades autónomas debían tener este registro.

Las interrupciones del embarazo subieron un 15% en 2022

■ En 2022, el último año con datos disponibles según la estadística del ministerio de Sanidad, en las comarcas leridanas se llevaron a cabo 985 abortos voluntarios, un 15,8% más que en 2021, cuando habían bajado un 3,3%. Se registraron en ocho centros de Ponent y del Pirineo. El 74% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hicieron a las 8 semanas o menos y el 34,4% fueron de menores de 25 años y otras 108, de menos de 20 años. En el 93% de los casos fue por petición de la mujer. En el conjunto de Catalunya, según los datos del departamento de Salud, en 2022 el 52,3% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hicieron con un tratamiento farmacológico frente al 47,7% que fueron instrumental o quirúrgico.

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