Seis leridanos solicitaron en 2023 la eutanasia y solo uno acabó recibiéndola

Seis leridanos solicitaron el año pasado la prestación de ayuda para morir y solo uno, en la región sanitaria del Alt Pirineu i Aran, acabó recibiendo la eutanasia. Son los datos publicados por el departamento de Salud, coincidiendo con el tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley orgánica de regulación de la eutanasia. En el conjunto de Catalunya, el año pasado se registraron 219 peticiones de ayuda para una muerte digna y se acabaron llevando a cabo 94. 

La mayoría de solicitudes a la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) procedieron de la atención primaria (el 60% de los casos); en un 32% de hospitales, en un 6% de la atención intermedia y en un 2% de residencias. Asimismo, la mayoría de personas que recibieron esta prestación sufrían enfermedades neurológicas (40%) y oncológicas (26%). Según la Generalitat, de media, las solicitudes en los casos favorables tuvieron un tiempo de resolución de 59 días. Precisamente, la asociación Dret a Morir Dignament (DMD) reclamó ayer que no haya demoras en las peticiones de los pacientes, que todos los profesionales estén correctamente informados y que los centros privados no deriven a los públicos los casos que les lleguen. 

Cristina Vallès, presidenta de la entidad, hizo una valoración positiva de la aplicación de la ley en Catalunya desde hace tres años, aunque dijo que hay aspectos mejorables. Señaló que desde que una persona solicita la eutanasia hasta que se aplica deberían pasar entre 30 y 45 días aproximadamente, aunque actualmente este plazo se supera ligeramente. No obstante, dijo que la situación en el resto del Estado es peor, puesto que la espera es de 75 días. Según Vallès, el motivo puede ser que los profesionales y los administrativos que tienen que hacer los trámites están desbordados de trabajo. Las oficinas de promoción de la ayuda a morir no cuentan con suficientes profesionales, opina Vallès, y muchos médicos no pueden asumir las peticiones porque no pueden dejar al resto de pacientes. 

La entidad denuncia que algunos incluso ni tramitan la petición, cosa que es ilegal. También cree que muchas residencias y centros sanitarios privados derivan casos a centros públicos por objeción de conciencia o para ahorrarse los trámites. En 2023, la entidad recibió unas 2.300 demandas de asesoramiento.

La objeción de conciencia de los profesionales, a estudio

Un proyecto para estudiar la objeción de conciencia del personal sanitario a la hora de aplicar la eutanasia recibió a mediados de junio una de las becas ‘Projectes d’Investigació Biomèdica, Modalitat Alt Pirineu i Aran de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida’. La investigación, de Rosa Maria Pérez, tiene como objetivo principal analizar los conocimientos y actitudes relacionadas con la objeción de conciencia y otro tipo de “frenos” frente a la petición de ayuda a morir. Pueden solicitar la eutanasia aquellas personas mayores de edad con nacionalidad española que padezcan una enfermedad “grave e incurable” o un “sufrimiento grave, crónico e imposibilitante”.